Se han confirmado los peores augurios, por otra parte esperados por predecibles. Estamos ante la crónica de una muerte anunciada. El paciente que estaba en la UVI está a punto de ser desconectado! Nos estamos refiriendo a la valoración que está realizando el FROB de las acciones de Bankia en el proceso de transformación de los bonos convertibles en acciones nuevas dentro del plan de recapitalización de la entidad que ha sido aprobado por las autoridades españolas y comunitarias. La consecuencia: cientos de miles de accionistas damnificados; miles de millones de euros en ahorros evaporados.
La cruda realidad es que Bankia, el próximo difunto, ya era un enfermo crónico antes de su salida a Bolsa, allá por junio de 2011. Un enfermo que no se reconocía (o quería reconocerse) como tal a si mismo y al que no supieron (o quisieron) diagnosticar su enfermedad los entes reguladores del sistema, los doctores CNMV y Banco de España. El resultado de tamaño disparate ha sido que Bankia, en su huida hacia delante, ha contagiado a cientos de miles de inversores que, en la creencia de que estaban ante una compañía solvente, depositaron sus ahorros en una gran mentira.
La gravedad del caso ante el que nos encontramos es que a este difunto, y por tanto ya sin constantes vitales, se le van a práctica todas las maniobras de reanimación que necesite para intentar revivirlo. Eso si, sus anteriores dueños (350.000 accionistas) habrán dejado de serlo, y ahora es el Estado, su próximo único dueño, quien le intenta insuflar vida a golpe de miles de miles de millones de euros.
Ante un hecho inédito en la historia de la bolsa, no solo en España sino en todo el mundo, solo cabe rearmarse y luchar por los derechos que tienen estos accionistas maltratados y engañados. El Estado ha de responder por haber permitido que una compañía quebrada haya podido recabar el ahorro de miles de sus ciudadanos en el mercado bursátil.
También la compañía ha de responder por las falsedades que se contenían en el folleto de emisión de las acciones y que fue puesto a disposición de los potenciales inversores. En suma, tendrá que acabar respondiendo el Estado, único accionista tras la recapitalización de la entidad que está en marcha, indemnizando a todos los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa del ya moribundo enfermo. No solo les corresponde, por Derecho, a los accionistas de Bankia ser resarcidos en el daño que se les ha causado, sino que también va a ser la única forma de volver a dar cierta credibilidad a nuestro mercado financiero. Para ello, sin duda habrá de presionarse en los tribunales. Fundamentalmente a través de dos vías: acción civil en el marco de nuestro derecho del mercado de valores, por la responsabilidad que tiene Bankia respecto de la información (falsa) que contenía el folleto de emisión de valores; y vía contencioso-administrativa, solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado por la negligente actuación tanto del Banco de España (fundamentalmente) como de la CNMV, como garantes y supervisores del sistema bancario-financiero y del mercado de valores.
Tampoco nos cabe duda de que en este caso, más que nunca, la unión hace la fuerza, y que, por tanto, cuanto mayor sea el número de demandantes que se agrupen para reclamar sus derechos, mayor será la presión que se ejerza para lograr la compensación del tremendo daño económico que han sufrido los accionistas.
