Compitiendo en la segunda división del trabajo

Al cierre del primer trimestre de 2013 la tasa de paro en España alcanzó el 27,13% según la Encuesta de Población Activa, es decir 6,2 millones de personas  sobre una población activa de 22,8 millones de personas.  La variación interanual de desempleados al cierre de ese mismo trimestre era de 563 mil individuos, es decir más o menos en los niveles del último trimestre de 2011 y más baja que los máximos alcanzados en la mitad de 2012, donde el crecimiento del desempleo fue, igualmente en términos interanuales, de 859 mil nuevos parados. Con estas cifras, el que no se consuela es porque no quiere: el paro no continúa de crecer, y mucho, pero menos que hasta hace nueve meses. 

Sin embargo, nada parece pronosticar que la tendencia cambie de signo y en vez de sumar parados, pasemos a restar. Ni siquiera la reducción de los costes laborales unitarios durante l
os doce meses

que concluyen con el primer trimestre de 2013 en un 5,8%, frente al crecimiento del 1,6% en la zona euro, lo que supone un abaratamiento del 7,9% de nuestros costes laborales en términos comparativos, ha impedido el crecimiento del desempleo. La reducción de los costes laborales unitarios viene siendo continua desde 2010 gracias a unos crecimientos importantes de la productividad y en el último año, además, de los salarios nominales. Y sin embargo, esto no cambia: el número de desempleados no para de crecer y sigue haciéndolo con fuerza.

Parece, pues, que los salarios de los españoles son elevados, pues con independencia del juicio moral que nos puedan suponer los salarios bajos, lo que es cierto es que si tratamos la
contratación laboral como un mercado más, debe existir un precio de la mano de obra suficientemente reducido para conseguir vaciar las calles de desocupados. Sin embargo, está claro que un salario muy pequeño nos repugna y justifica para muchas personas la
intervención pública. ¿Qué es lo que falla entonces?

Algunos todo lo achacan a la excesiva regulación del mercado de trabajo y a las instituciones laborales, que impiden la rápida adecuación de las plantillas a las necesidades de la producción real. Otros a la competencia internacional, en ocasiones tachada de desleal, que produce la globalización, o a la falta de pericia de las clases dirigentes, empresarial y política, de España. ¿Por qué no también a la crisis financiera internacional que ha destruido el tejido empresarial, fruto de una errónea política monetaria? En algún caso, al menos parcialmente, habrá quien lo achaque al sistema educativo.

El discurso oficial político, empresarial y sindical de los últimos treinta y cinco años ha sido que los salarios debían bajar, la productividad subir y los niveles de formación subir. Y las tres cosas se puede afirmar que han ocurrido pero, sin embargo, las tasas de desempleo en España nunca han sido inferiores al 10% en los mejores momentos de nuestra situación económica y han alcanzado, como decíamos al principio, el 27% y, lo que es peor, cada nueva crisis se baten los registros de desempleo máximo alcanzados en la etapa anterior.

No cabe duda que España a finales de los 70 era una sociedad suficientemente avanzada e industrializada como para no poder competir ya por la vía de los salarios bajos,  como se ha pretendido desde entonces. Era una sociedad suficientemente cultivada para poder surtir de mano de obra cualificada a procesos de fuerte inversión en bienes de capital, que necesitan de ese tipo de trabajadores,  sin necesidad de importar dicha mano de obra. Sólo se necesitaba el capital, que bien podría haber sido extranjero en parte, que bien se podría haber generado con ahorro interior, si es que no lo había ya, en cantidad suficiente, para comenzar. Sin embargo, se optó por, desde la dirección económica de la Nación, sectores económicos muy intensivos en el factor trabajo. Sectores en los que los salarios son bajos porque la productividad lo es porque la inversión en capital no es muy elevada. Compitiendo en esa segunda división de la división internacional del trabajo, renunciamos a hacerlo en primera y nos comienzan a alcanzar, treinta y cinco años después, los de tercera.

Los efectos de tales políticas económicas, además del desempleo porque nuestros salarios son altos para esa segunda división,  se han hecho sentir, por otro lado, en una sobrecualificación de nuestra población. La sobrecualificación genera desánimo y expulsa a los trabajadores menos preparados, de empleos para los que, en principio, están preparados. El bajo retorno de la inversión en capital humano, porque no se han acometido las inversiones en capital que permiten sacarle todas sus posibilidades de rendimiento, desaniman a su vez el estudio en las generaciones siguientes. Uno de los discursos más falsos que se ha extendido es el que culpabiliza al trabajador de su desempleo por no tener formación suficiente. Pueden existir empleos para todos los niveles de formación si se crean empleos de alta cualificación para los altamente cualificados, de manera que no expulsen a los que lo están menos. En una sociedad donde todos los trabajadores tuvieran altos niveles de formación, eso no sería garantía de trabajo altamente cualificado para todos, como a veces se pretende. ¡Como si la formación crease el puesto de trabajo acorde con la misma!.

Nuestro mercado laboral no despierta porque España ha optado por competir por bajos salarios en una estructura económica donde se ahorra poco, se favorece el consumo, y se invierte poco en bienes de capital físico e intangible. Hace ya muchos años que nuestros mejores jóvenes se marchan de España. Ahora con la crisis no sólo se van los mejores, sino los segundos mejores ante la imposibilidad ya de desplazar, sin un alto coste económico y personal, a los que están peor cualificados, ante el tremendo desempleo que ha generado la competencia con economías emergentes que se nos ponen como ejemplos. No es falso que en algunos aspectos lo son, pero no en todos.  España necesita amplitud de miras y no las ha tenido. Ese es su verdadero problema en el mercado de trabajo.