La compañía se juega cerca de 300 millones en distintos litigios internacionales
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Iberdrola ha comenzado a recurrir ante el Tribunal Supremo las liquidaciones mensuales del sistema eléctrico de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en las que, desde 2011, se le impone la obligación de costear los desajustes temporales de la tarifa, según consta en el folleto continuado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En total, la eléctrica cuestiona 20 liquidaciones de la CNE por un importe de 3.068 millones de euros, al considerar discriminatorio el mecanismo de financiación del déficit de tarifa. Tres de ellas son de 2011, catorce de 2012 y tres de 2013. La Audiencia Nacional ha desestimado las primeras denuncias, e Iberdrola ha recurrido en casación ante el Supremo.
En paralelo, la compañía sigue pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) se pronuncie acerca de los derechos de emisión de CO2 concedidos gratuitamente a las eléctricas y posteriormente minorados de su retribución, al considerarse que las empresas los habían internalizado y trasladado a los precios finales.
Iberdrola ha recurrido en principio solo la minoración de 2006, pero advierte a la CNMV de que una sentencia del TUE a su favor afectará a los recursos presentados contra las minoraciones de 2007, 2008 y primer semestre de 2009. De esta forma, se podría producir una situación en la que fuese necesario devolver al sector un total de 2.600 millones, que en su momento se utilizaron para reducir el déficit de tarifa.
Estas minoraciones practicadas a las eléctricas tradicionales se realizaron a razón de 1.100 millones en 2006, 50,6 millones en 2007, 1.074 millones en 2008 y 436 millones en el primer semestre de 2009, y sirvieron para reducir el déficit de tarifa del sistema eléctrico de los años 2006 (3.046 millones), 2007 (1.223 millones) y 2008 (4.600 millones).
Si bien Iberdrola alude exclusivamente a su recurso particular en el que reclama que se le devuelvan las minoraciones, cuyo importe no cita, una eventual decisión del TUE a favor de los argumentos de la eléctrica dará base para que al resto de las grandes eléctricas se les reconozca el mismo derecho.
La obligatoriedad de devolver los derechos asignados gratuitamente fue impulsada en la época en la que Joan Clos era ministro de Industria, mediante el real decreto ley 11/2007, y quedó derogada en 2009, cuando el ministro Miguel Sebastián impulsó el real decreto ley 6/2009 con medidas para solucionar el déficit de tarifa.
En el procedimiento ante el TUE ya se ha celebrado una primera vista oral, el pasado 7 de febrero, y las presentaciones de las conclusiones del Abogado General se efectuaron el pasado 21 de marzo.
LITIGIOS INTERNACIONALES.
Por otro lado, Iberdrola mantiene distintos litigios a nivel internacional en los que se juega cerca de 300 millones de euros. De todos ellos, el más cuantioso sigue siendo el de Guatemala, en el que la compañía reclama 181 millones de dólares (135 millones de euros) por la expropiación de activos. El tribunal internacional falló que no tenía competencias para pronunciarse, y ahora Iberdrola busca la anulación de este laudo.
Iberdrola inició además ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) un arbitraje contra JSC Enel OGK 5, a la que pide 30 millones por el retraso en una planta de ciclo combinado en Rusia. El asunto se encuentra además en un tribunal español, donde Iberdrola pide la no ejecución de garantías por parte del Santander.
También ante la CCI, Iberdrola se enfrenta a un subcontratista que le reclama 18 millones de euros relacionados con la planta de ciclo combinado Mesaieed, de Catar.
CONTRA BP.
En Reino Unido, la filial británica Scottish Power reclama a BP 58 millones de libras (65 millones de euros) por el incumplimiento de un contrato de suministro de gas a largo plazo tanto con la petrolera británica como con varios socios, entre ellos ENI y Talisman.
Otro de los frentes abiertos se refiere a Grecia y a la oferta de adquisición lanzada por Iberdrola en 2008 sobre Rokas. El supervisor del mercado griego impuso una sanción a Iberdrola Renovables que la eléctrica española ha recurrido. La vista para resolver el recurso de casación se celebrará el 12 de octubre y el importe total reclamado asciende a 15 millones.
