Con una participación muy inferior del Estado en las distintas realidades económicas, España podría mejorar en muchos aspectos. Esa es la idea que propone el economista Juan Ramón Rallo en su libro Una revolución liberal para España (Deusto). Su posición es tajante y asegura, entre otras cosas, que “no por méritos propios, España ha evitado la quiebra a corto-medio plazo”.
Es conocida su apuesta y la de muchos otros por las bajadas generales de impuestos. ¿Quedarían garantizados los servicios sociales, sin merma de calidad?
La propuesta que efectúo en “Una revolución liberal para España” pasa por dejar el peso del Estado en el 5% del PIB: eso supone, por un lado, practicar una gigantesca reducción de impuestos a los ciudadanos (los mileuristas, por ejemplo, verían incrementada su renta después de impuestos en unos 9.000 euros anuales) y, por otro, privatizar la práctica totalidad de los servicios sociales hoy controlados por el Estado. ¿Pueden el mercado y la sociedad garantizar una provisión amplia y de superior calidad de esos servicios sociales? Sí, justamente eso es lo que pretendo demostrar a lo largo del libro.
El hecho de que los ciudadanos recuperen el control de los servicios públicos parece, a día de hoy, una utopía porque justamente sucede lo contrario. ¿Por dónde y cómo empezar?
Hoy los ciudadanos somos los rehenes de políticas y burócratas: dado que nos arrebatan coactivamente una porción ingente de nuestra renta, no nos queda más remedio que acudir a los servicios sociales que provee el Estado, aun si consideramos que no se ajustan a nuestras necesidades o incluso cuando creemos que son de pésima calidad. Eso es justo lo que tiene que cambiar: los ciudadanos deberían poder gestionar su dinero para contratar aquellos servicios educativos, sanitarios, previsionales o culturales que mejor encajen con su perfil.
El Estado tiene que retirar sus manazas de nuestras vidas pero, antes de hacerlo, la mayoría de los ciudadanos debe convencerse de que esa reducción del intervencionismo estatal no sólo es posible y conveniente, sino éticamente exigible: a ello dedico mi libro. Y ése es el punto de partida: que los ciudadanos se persuadan de ello.
No sería un proceso corto esta reducción de peso del Estado. Quizás lo llegarían a ver nuestros nietos…
No, por desgracia una vez el Estado ha metido sus zarpas en la sociedad resulta bastante complicado retirarlas. En algunos casos, como las pensiones o la sanidad, es un proceso que requiere de una transición muy dilatada. Pero ni las dificultades ni los plazos deberían ser una excusa para ir retirando de aquellas áreas que jamás debería haber copado. Son muchos los ciudadanos que aspiran a legar un mundo mejor a sus hijos o nieto: en materia política, ese mundo mejor pasa por liberar a nuestras sociedades del yugo estatal.
Usted no se arruga y pide es desmantelamiento de la UE como superestado. ¿No necesita España un guardián que vigile y controle sus movimientos?
Los políticos españoles sí necesitan ser vigilados, pero no por otros políticos bruselenses, sino por los ciudadanos. Confiar en que sean unos burócratas quienes vigilen a nuestros burócratas nos aboca al clásico problema de quién vigila a los vigilantes (quis custodiet ipsos custodes?). En este sentido, la UE resulta del todo innecesaria: países tan prósperos y libres como Noruega o Suiza están fuera de la UE. España debería imitarles manteniendo, eso sí, los acuerdos de libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías.
¿Estaría preparada la sociedad para llevar las riendas? ¿Sigue siendo generalizada la idea de que todo el mundo en España quiere ser funcionario?
Si la gente no está preparada para tomar las riendas de su vida, entonces no está preparada para votar en unas elecciones sobre la vida de los demás. Por supuesto que al principio puede ser complicado y por supuesto que habría problemas de adaptación: pero esos problemas y descoordinaciones sociales también existen hoy con el hiperEstado que padecemos. La gente, afortunadamente, aprende con el tiempo sin necesidad de que nadie le marque coactivamente el camino.
Píntenos un verdadero estado liberal. ¿cómo se desarrollaría el mercado de trabajo y la educación, por poner unos ejemplos?
En una sociedad liberal las relaciones son esencialmente voluntarias, lo que implica que el Estado, como norma general, no puede inmiscuirse en los pactos libres entre partes. En el marco del mercado de trabajo, eso significa que la base de las relaciones laborales debe ser el contrato y no una normativa impuesta unilateralmente por políticos, sindicatos o patronales. Es verdad que muchas personas, bombardeadas por la propaganda de la explotación capitalista, teme que un mercado laboral desregulado supondría un acorralamiento de los derechos de los trabajadores en detrimento de los beneficios empresariales: sin embargo, la evidencia disponible acerca de los mercados laborales libres muestra que, precisamente, la libertad permite acabar con el paro e incrementar sostenidamente las remuneraciones salariales y el tiempo libre de los trabajadores.
Algo similar sucede con la educación: la mayoría de los ciudadanos aceptan pasivamente que el Estado regule centralizadamente, tanto en los centros públicos como en los privados, el contenido de los planes de estudios así como los métodos docentes a emplear. No hay buenas razones para que el Estado controle estrechamente la educación que reciben todos los ciudadanos ya que, nuevamente, la propia sociedad puede hacerse cargo de ello.
| «No hay buenas razones para que el Estado controle estrechamente la educación que reciben todos los ciudadanos» |
¿Aprueba alguna de las reformas que ha llevado a cabo el gobierno? ¿Cuál es la reforma más crucial para usted?
La reforma laboral, la de los alquileres o la de los horarios comerciales se han movido en la buena dirección, aunque ninguna ha dado el decisivo paso de desregular por completo el sector y permitir que las normas en tales casos emerjan del libre pacto de las partes. En todo lo demás, el gobierno del Partido Popular ha sido uno de los peores de nuestra historia.
| «No existe justificación posible para los Estados gigantescos e intrusivos que padecemos» |
¿Qué país sigue en estos momentos las directrices que usted propone en el libro y, por tanto, sería un modelo a imitar?
El país que más me gusta tanto por su estabilidad institucional, privacidad, respeto a la propiedad, ortodoxia monetaria, apertura social, descentralización administrativa y pacifismo es Suiza. Es verdad que se trata de un modelo bastante alejado al que propongo en el libro (donde el Estado coparía, como mucho, el 5% del PIB), pero sus valores centrales sí son compartidos. Aparte de Suiza, otros países a imitar en muchos aspectos (no en todos) son Singapur, Chile o Nueva Zelanda.
¿El estado de las autonomías es un obstáculo en esta revolución liberal que plantea para España?
No. La descentralización administrativa es uno de los pilares del liberalismo. El problema del Estado de las autonomías es que descentraliza de manera muy incompleta (los ingresos y mucha regulación básica sigue estando en manos del gobierno central) y que probablemente no sea un nivel de descentralización óptimo: el ayuntamiento parece más adecuado para la inmensa mayoría de los servicios estatales.
¿Este último libro nace desde una postura de superación de la crisis? ¿Qué luces y sombras hay en esta recuperación?
De momento, hemos evitado a corto-medio plazo la quiebra: no por méritos propios, sino porque Mario Draghi avaló implícitamente nuestra deuda a mediados de 2012. Hemos ganado tiempo y margen para reajustarnos y, en parte, el sector privado lo está aprovechando a pesar de las numerosísimas trabas fiscales y regulatorias que le impone el Estado. El problema es, justamente, que el sector público, lejos de dejar espacio para que el sector privado se readapte, intenta tapar sus propios agujeros —derivado del crecimiento desorbitado del gasto público durante la burbuja— cargándoles a familias y empresas con todos los escombros. Esa es la principal sombra: que el reajuste y el desapalancamiento van mucho más lentos de lo que deberían por culpa del intervencionismo estatal.
No obstante, ¿es consciente de que todo lo que señala su obra tiene un amplio rechazo no solo en los políticos, sino también en la propia sociedad? ¿Puede cambiar esta tendencia?
Por supuesto. Hoy la mayoría de la población es abiertamente antiliberal. El propósito del libro es intentar convencer a los lectores —idealmente, personas no liberales que sientan algo de curiosidad hacia unas ideas aparentemente descabelladas— de que la postura ideológica razonable es el liberalismo y no el antiliberalismo. Se trata de mostrarles que una sociedad con muchísimo menos Estado podría funcionar mucho mejor que la actual y que, por tanto, no existe justificación posible para los Estados gigantescos y asfixiantemente intrusivos que padecemos.
Dice usted que es su libro más ambicioso y del que más orgulloso se siente. ¿Qué tiene este octavo libro suyo que no tengan los demás?
Un horizonte ilusionante para la libertad.
