MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El texto, que recoge Europa Press, critica la decisión del Ejecutivo de "retener" para sí más de 1.500 millones de euros y repartir entre las comunidades apenas 300 millones, de los que 28 corresponderán al País Vasco. "El mero contraste (entre ambas cantidades) pone de manifiesto el carácter arbitrario y carente de la más mínima equidad de dicha redistribución", critica.
No obstante, la formación jeltzale señala que "el problema de mayor relevancia no es el abuso" en la distribución del dinero sino que la Administración central "no sólo no puede redistribución sino que ni tan siquiera puede retener para sí misma" los fondos dado que según el reparto competencial que consagran la Constitución y los estatutos de autonomía el Gobierno legisla en materia laboral y las comunidades autónomas ejecutan esa legislación.
De hecho, la competencia de Políticas Activas de Empleo está transferida de forma específica a los gobiernos regionales, por lo que "el Ministerio de Empleo no puede desarrollar ninguna de las actividades previstas en el Plan de Empleo de Garantía Juvenil", según asegura el PNV.
RESPETO POR LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.
Tanto es así que durante la interpelación con la ministra Olabarria llegó a criticar que el Gobierno vaya a destinar el grueso de los fondos que retiene para sí para bonificaciones a la contratación, una vía que a su juicio no es la adecuada para luchar contra el paro juvenil y que sin embargo genera graves perjuicios al sistema de la Seguridad Social.
Por ello, exige al departamento que dirige Báñez que distribuya "la integridad" de los fondos recibidos del Programa Europeo Operativo de Empleo Juvenil entre las comunidades autónomas, utilizando como criterio el número de parados menores de 30 años existente en cada región. Además, reclama que se respete el reparto competencial en materia de promoción del empleo.
NUEVAS BONIFICACIONES.
La ministra, por su parte, aseguró durante el debate parlamentario que la asignación de fondos a cada comunidad ha seguido los mismos criterios que la UE ha utilizado a la hora de distribuir el dinero entre los estados miembros –esto es, la población menor de 25 años de cada comunidad autónoma y la población 'ni-ni' menor de 25 años– y que el Gobierno ha sido "generoso" al establecer una gestión "al 50%" con los gobiernos regionales.
Precisamente el viernes el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley que regula la Garantía Juvenil, un programa europeo destinado a menores de 25 años residentes en un estado miembro con una tasa de desempleo juvenil superior al 25%, en situación de desempleo y que no estén estudiando.
Las personas que cumplan estos requisitos podrán acceder a una oferta de trabajo, de formación o prácticas acorde con su trayectoria profesional. Según el Ministerio, unas 845.000 personas podrían beneficiarse de este programa, que incluirá bonificaciones a la contratación, entre otras medidas.
Para poder acogerse a la Garantía los jóvenes tendrán que darse de alta en un fichero telemático ubicado en un portal de Internet creado expresamente para la implantación y el desarrollo de la Garantía Juvenil.
