MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Los hijos de José María Ruiz-Mateos se han escudado en su padre durante su declaración en el juicio que se celebra contra ellos por un delito de insolvencia punible en relación a la quiebra de una de sus empresas y han asegurado que no pedían explicaciones de las operaciones que firmaban ante la "absoluta confianza" que tenían hacia su progenitor.
Se sientan en el banquillo de los acusados por la comisión de un presunto delito de insolvencia punible en relación con la despatrimonialización de la empresa Finamerco tras declararse en quiebra. El fiscal pide seis años de cárcel para los acusados, mientras que la acusación particular eleva la pena a trece años de prisión por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y falsedad.
El abogado Jesús Vázquez, que representa a la acusación particular, sostiene que los hijos de Ruiz-Mateos forman parte de una asociación ilícita para delinquir que ya desde hace muchos años "se confabularon todos para quitarle el dinero a ciertas personas", manifestando que "el instigador" de todo era el padre siendo ellos los que firmaban. Y les acusa de deshacerse de su dinero, alzándose con bienes.
En la fase de cuestiones previas al juicio, la defensa de Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos ha solicitado la nulidad del procedimiento por producirse una violación "suficientemente" palpable del principio de legalidad procesal, así como por inculcarse derechos fundamentales.
El letrado se ha referido al "intento de extorsión" que se produjo en el marco del procedimiento cuando unos peritos judiciales pidieron a José María Ruiz-Mateos 100 millones de pesetas a cambio de archivar la quiebra. Estos hechos fueron denunciados ante el TSJM mediante una querella de la Fiscalía contra el juez Marcelino Sexmero y los peritos del procedimiento.
Además, ha alegado que el delito de insolvencia punible que se imputa a sus clientes habría prescrito, al igual que los que le imputa la acusación particular en alusión a los delitos de asociación ilícita, alzamiento de bienes, falsedad y delito societario. El tribunal se pronunciará sobre esta cuestión en la sentencia que se dicte tras la celebración de la vista oral.
Recientemente, la Audiencia madrileña se negó a suspender las penas de siete y seis meses que se impuso a Alfonso y Pablo por un juez por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Los magistrados ordenaron que los hermanos ingresaran en prisión a pesar de que la pena es inferior a los dos años de cárcel.
En su declaración, Pablo ha señalado que no recuerda lo que firmó en esa época, dado que han pasado 17 años, y ha apuntado que no solía pedir explicaciones de las operaciones que firmaba como administrador de Bodegas Garvey. "Se hacía por sistema porque eran empresas sin deudas a terceros", ha dicho al tiempo de resaltar que su convicción era que "todo se hacía con plena legalidad".
A continuación, Alfonso ha detallado que siempre se seguían las instrucción de su padre, dado su perfil humano como empresario. "Tenía una jerarquía bárbara y una capacidad de trabajo enorme. Estaba atento a todos los detalles. Nuestra confianza era absoluta. Entiendo que es difícil creerlo pero era así", ha subrayado al hijo de Ruiz-Mateos. Y ha insistido en que no sospechaba que algo pudiera ser ilícito.
El resto de los acusados, entre ellos varios sobrinos de Ruiz-Mateos, han declarado en la misma línea, asegurando que José María era el dueño de las empresas y mandaba sobre todo lo que se hacía.
HECHOS OBJETO DEL JUICIO
El juicio se celebra contra Pablo Ruiz-Mateos Rivero, Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, Zoilo Ruiz-Mateos Rivero, Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, María Ángeles Gil Pérez, Víctor Tomás de la Cruz Gil, Encarnación Solana Contreras, Zoilo Pazos Jiménez, Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, Nuria Milagrosa Vidal de Pedro y Carlos Solana Contreras.
Según el fiscal, los acusados realizaron operaciones mercantiles entre el 30 de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2000 que tenían por objeto la declaración de quiebra de la entidad Finamerco de la que eran administradores los acusados, Pablo, Alfonso, Zoilo Ruiz-Mateos Rivero, Encarnación y Carlos Solana Contreras y Nuria Milagrosa Vidal de Pedro.
Así, en virtud de escritura pública de fecha de 1 de octubre de 1996 dicha sociedad se vendió por un precio de 650 millones de pesetas, siendo que tan sólo se pagó en el acto 50 millones de pesetas, dejándose a deber 600 millones.
La imputación de insolvencia punible se establece por la concatenación de la ejecución por parte de los acusados de operaciones fraudulentas consistentes en la despatrimonialización de la sociedad compradora, a fin de no hacer frente a las obligaciones mercantiles contraídas por contrato.
