Un libro de memorias personales de Clara Eugenia Núñez se centra en la gestión de la Universidad y de la Ciencia en España en el doble y difícil terreno de la política y de la administración.
¿Usted fecha con precisión el día en que decidió escribir este libro? ¿Se gestan los libros así, de un día para otro? ¿Qué le llevó a decidir escribir este libro?
Reconozco que quizá pueda sorprender, pero así fue. Desde el día de mi cese como directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, muchos colegas y amigos me pidieron que escribiera sobre mi experiencia y reflexionara sobre los problemas de la universidad y la ciencia en España.
Al fin y al cabo, durante años me he dedicado a estudiar la relación entre educación y desarrollo económico en España, por lo que esperaban que pudiera aportar alguna reflexión novedosa al tema, tras mi paso por la Consejería de Educación.
Mi respuesta fue la misma siempre: las políticas que con tanto éxito había puesto en marcha el primer gobierno de Esperanza Aguirre estaban vigentes, y no me parecía oportuno intervenir en un debate en ese momento.
En enero de 2012, cuando decidí escribir este libro, no quedaba en pie ninguna de aquellas políticas, cuestionadas por los nuevos responsables de la Consejería de Educación.
Creí que había llegado el momento de reflexionar sobre las claves del fracaso de la política educativa, y más concretamente de la política universitaria y de ciencia, en nuestro país. Serán los lectores los que juzguen si esa decisión ha sido acertada.
Usted se hizo cargo de las Direcciones Generales de Universidades y de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Nos puede explicar cómo pasa una historiadora como usted del mundo académico a un puesto de alta gestión?
Como tantas cosas en la vida, este salto fue producto del azar. La flamante presidenta de la Comunidad, y fugaz ex-ministra de Educación, Esperanza Aguirre, me ofreció el puesto tras leer y aprobar un informe sobre la situación de la universidad, que previamente me había solicitado.
Acepté la oportunidad que me dio de llevar a cabo las iniciativas que le había propuesto y que consideraba necesarias para que la universidad pudiera responder de forma más eficaz a las necesidades de la sociedad española.
Digamos que fue el peaje personal que tuve que pagar para poder seguir opinando sobre las carencias de la política científica y universitaria en nuestro país.
[blockquote style=»1″]Si fuera empresaria, yo no financiaría la universidad española. ¿Por qué debería la empresa privada financiar una investigación que no responde a sus intereses?[/blockquote]
El apoyo de la presidenta fue crucial para poner en marcha una política de institucionalización de las relaciones entre ambas administraciones, la regional y la universitaria, que permitiera dinamización y renovación de las universidades. Éstas, con los rectores al frente, se opusieron desde el primer momento a las nuevas medidas.
¿Nos puede explicar en unas palabras cuáles fueron esas medidas?
Por supuesto. A las comunidades les compete exclusivamente la financiación de las universidades, sujetas a unas leyes de ámbito estatal. Madrid, con los instrumentos de que disponía, estableció una serie de medidas económicas con el objetivo de incentivar mejoras en la calidad educativa y científica de las universidades, es decir de los estudiantes, los profesores y las propias instituciones universitarias.
Así, las Becas de Excelencia introducían a los estudiantes en las mejores prácticas de las grandes universidades del mundo, a través de la figura del teaching y el research assistant; el Complemento de Méritos mejoraba la retribución de los profesores en función de su capacidad de mantenerse al día a través de la investigación; y el Modelo de Financiación de las seis Universidades públicas vinculaba los fondos públicos que éstas recibían a objetivos explícitos y fácilmente medibles de su capacidad de satisfacer las necesidades de formación y de investigación de la sociedad.
Todo ello dio lugar a la aparición de nuevas prácticas en la política y la administración de la Investigación y la Universidad en Madrid.
Pero, ¿cómo se explica la oposición a unas medidas de este tipo? ¿Quiénes se opusieron a ellas?
Las fuerzas más conservadoras de la universidad que, curiosamente, se consideran a sí mismas progresistas. Es decir, todos aquellos que participan del proceso de patrimonialización de la universidad que ha tenido lugar en las últimas décadas, con los rectores y los sindicatos a la cabeza.
En España, el debate universitario, casi diría que el debate educativo, está dominado por los propios agentes del sistema. Los “trabajadores”, es decir los profesores e investigadores y el personal administrativo, nos gestionamos a nosotros mismos con los fondos públicos de todos los contribuyentes españoles, los que van y los que no van a la universidad.
El principal objetivo de este lobby universitario es la captura de más fondos públicos y no necesariamente la mejora de los servicios que damos a la sociedad.
[blockquote style=»1″]En España no falta talento; hay individuos extraordinariamente brillantes, bien formados y capaces de proponer soluciones innovadoras a todo tipo de problemas. Faltan instituciones capaces de atraerles[/blockquote]
¿Cuál es el papel de la empresa en la política universitaria?
Las empresas tienen muy poca capacidad de incidir sobre las universidades. En teoría, deberían poder actuar a través de su participación en los Consejos Sociales, unos organismos de control sin verdadera capacidad de actuación.
De hecho, el Modelo de Financiación que se puso en marcha en la CM dotaba a los Consejos Sociales de una información de la que hoy carecen para poder hacer una verdadera política universitaria: exigir resultados, dar traslado de sus necesidades de formación y de investigación, etc… Lamentablemente este sistema de colaboración entre la CM y los Consejos Sociales no llegó a ponerse en marcha.
Sin embargo, se habla continuamente de la falta de inversión privada en la universidad y en especial en la investigación española. ¿No es ese el verdadero obstáculo para que la universidad española sea más eficaz?
Esa es la falsa tesis que tan acertadamente han sabido transmitir las propias universidades. Hoy el de la financiación no es, ni mucho menos, el principal problema de nuestras universidades. Además, el volumen de financiación pública de la universidad en España es comparable a la de los países de nuestro entorno. Es la financiación privada la que es baja, lo cual es natural.
Yo nunca he sido empresaria, pero le aseguro que, si lo fuera, no financiaría la universidad española. ¿Por qué debería la empresa privada financiar una investigación que no responde a sus intereses, problemas o necesidades?
En el libro desarrollo una hipótesis que creo más próxima a la realidad: el exceso de regulación estatal, por una parte, y una autonomía universitaria mal entendida y gestionada, por otra, han contribuido a configurar un sistema nacional de ciencia y enseñanza superior que gira en torno a las directrices marcadas por el Estado y los propios lobbies universitarios.
De hecho ha aumentado el volumen de publicaciones académicas españolas pero su impacto es muy bajo; además, apenas se patentan nuevos conocimientos. Este sistema universitario es ajeno a las verdaderas necesidades del país y, por supuesto, de la empresa privada.
En un momento como el actual, ¿cree que podemos esperar a que la universidad “reaccione” y responda más eficazmente a las demandas sociales?
Por desgracia, no. España necesita instituciones de formación superior y de investigación punteras internacionalmente con urgencia. De hecho, durante los años en que fui directora general de Universidades e Investigación de la CM se puso en marcha IMDEA, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, que pretendía llenar esa laguna y establecer instituciones competitivas internacionalmente que hicieran de la atracción del talento y de la estrecha relación con la empresa su principal objetivo.
En España no falta talento; hay individuos extraordinariamente brillantes, bien formados y capaces de proponer soluciones innovadoras a todo tipo de problemas; faltan instituciones capaces de atraerles y permitirles desarrollar todo su potencial. IMDEA fue un intento de dotar a Madrid de ese tipo de instituciones.
Habla en pasado, en relación a IMDEA, ¿Qué sucedió con el proyecto?
Los responsables de la Consejería de Educación no parecieron entender el proyecto y, en una serie de medidas que relato en el libro, atentaron seriamente contra su propia naturaleza.
El favor político sustituyó al apoyo institucional, lo que desvirtúa y hace inviable el proyecto a medio y largo plazo. Son muchas las empresas involucradas en los distintos IMDEA, pero desconozco si han sabido apreciar la verdadera naturaleza del cambio acaecido y el impacto que este puede tener sobre un proyecto en el que habían depositado grandes esperanzas.
Espero, por el bien y el futuro de todos, que sepan actuar en consecuencia exigiendo a la Comunidad que no interfiera en la gestión científica y permita que se mantenga el espíritu de competencia internacional.