El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha indicado que la posible devolución de las deducciones fiscales que se han aplicado algunas multinacionales españolas "no es un problema demasiado importante para nadie", a pesar de que la Comisión Europea ha ordenado este miércoles a España que recupere estas ayudas por considerar que son contrarias a la legislación comunitaria.
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Montoro, que hizo estas declaraciones antes de participar en la Junta Directiva de la CEOE, afirmó que el Gobierno aún no ha recibido el expediente de Bruselas y que lo analizará cuando lo reciba, pero añadió que "ni siquiera" para las empresas afectadas será un problema importante, a pesar de que, según reconoció, es un mecanismo "muy utilizado" por ellas para favorecer su internacionalización, lo que también "ha ayudado a salir de la crisis".
"Tenemos que recibir el expediente de Bruselas, que está llegando ahora, y estudiarlo y analizarlo. Esta es una figura de desgravación fiscal que ya, desde 2012, hemos reducido su utilización en los cambios que se hicieron en el Impuesto de Sociedades", subrayó Montoro.
En este sentido, dijo que la Secretaría de Estado de Hacienda ya realizó una consulta prejudicial para clarificar algunos extremos sobre la aplicación de esta figura y afirmó que, con todo ello, el Gobierno hará una valoración y tomará "las decisiones oportunas".
El ministro, que no quiso adelantar qué importe está en juego, recordó que estas deducciones fueron impulsadas por él, en su anterior etapa como ministro de Hacienda, para favorecer la internacionalización de las empresas españolas y que fue "censurada" por la Comisión Europea durante la etapa del gobierno socialista, "que aceptó esto sin argumentos de defensa".
ARGUMENTOS DE BRUSELAS.
La Comisión Europea ha ordenado este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales concedidas a las grandes empresas españolas por comprar compañías de fuera de la UE. Bruselas considera que estas deducciones tributarias son "incompatibles con las reglas de la UE" ya que conceden a las compañías beneficiarias una "ventaja económica selectiva".
El Ejecutivo comunitario ha denunciado además que el Gobierno de Mariano Rajoy no le notificó este nuevo régimen fiscal, que data de 2012, pese a que estaba obligado a hacerlo.
El Ejecutivo comunitario ya declaró ilegal en octubre de 2009 y en enero de 2011 la versión original de este régimen y exigió la devolución de parte de las ayudas (las que se concedieron después del 21 de diciembre de 2007). España se comprometió entonces a no aplicarlo a nuevos demandantes, pero no suprimió las disposiciones porque algunas compañías podían seguir beneficiándose.
Sin embargo, en marzo de 2012, el nuevo Gobierno de Mariano Rajó adoptó una nueva interpretación administrativa vinculante, que permite de forma retroactiva deducciones fiscales no sólo para las adquisiciones directas sino también para las adquisiciones indirectas.
Esta interpretación se adoptó para la adquisición de la compañía telefónica brasileña Vivo por parte de Telefónica. Precisamente, Telefónica ya se había beneficiado de estas deducciones para la compra de la compañía británica O2, aunque en este caso Bruselas decidió no solicitar la devolución de las ayudas por motivos de seguridad jurídica.
Las disposiciones españolas permitían la amortización del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos) en la adquisición de participaciones en empresas extranjeras, lo que según Bruselas representa una clara excepción del sistema fiscal general español, puesto que permite la amortización del fondo de comercio incluso cuando las compañías adquirientes y adquiridas no estén unidas en una única entidad empresarial.