El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene lugar cuando una sociedad deviene en una situación de insolvencia y en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.
Sin embargo, el procedimiento del concurso de acreedores no ha sido ideado únicamente para certificar el cierre de la empresa.
El concurso de acreedores puede mantener viva la actividad empresarial siempre que exista suficiente antelación y la definición clara del objetivo que persigue su solicitud para la empresa insolvente.
En este punto, existen vías alternativas a la propia solicitud del concurso de acreedores que sólo serán eficaces a largo plazo si verdaderamente se adaptan al escenario de dificultad que atraviesa la compañía.
Una refinanciación o reestructuración de deuda, por ejemplo, puede ser una vía de solución adecuada, siempre y cuando represente una reparación definitiva para alcanzar la viabilidad de la actividad comercial de la empresa.
Es importante señalar que esta opción no puede constituir un mero respiro temporal a corto plazo, sino que debe velar por reparar las capacidades reales de generación de tesorería para afrontar así los compromisos adquiridos.
Por lo tanto, surge la siguiente cuestión: ¿qué alternativa representa en la práctica la solicitud de un concurso de acreedores para la empresa insolvente?
Para responder a dicha cuestión es necesario definir un aspecto clave del derecho concursal práctico: qué es una unidad productiva y en qué consiste su venta dentro del concurso de acreedores.
Entendemos como unidad productiva al conjunto del negocio, todo lo que necesita la empresa concursada, el conjunto de recursos tanto materiales como inmateriales, para llevar a cabo su actividad.
La transmisión tras un concurso de acreedores
La transmisión de una unidad productivaen el marco de un procedimiento concursal es una solución práctica que establece la ley y que supone a día de hoy la mejor opción para que aquellas empresas con problemas financieros consigan dar continuidad a su actividad, en el marco de un proceso concursal.
Es habitual que las sociedades o las empresas que se han constituido a través una SL o una SA, hayan adquirido un endeudamiento que está lastrando la viabilidad del negocio.
El negocio en sí puede ser viable, pero si la sociedad que lo está explotando mantiene un endeudamiento excesivo, tiene un perjuicio que la está abocando a fracasar si no consigue renegociar o reestructurar su deuda.
Para rescatar la actividad, se lleva a cabo la transmisión de la unidad productiva a través de la adquisición por parte de un tercero, un inversor que adquiere todos esos recursos que definimos como “unidad productiva” de tal manera que el negocio se libera de las deudas que arrastra.
Es necesario por tanto distinguir entre la sociedad (SL o SA) que es la que realmente tiene las deudas, y el negocio como tal, que es explotado por dicha sociedad.
Cuando hablamos de transmisión de unidad productiva nos referimos a un mecanismo judicial que nos permite extraer ese negocio para ser transmitido de una sociedad con deudas, a una sociedad sin deudas.
De esta manera, el negocio se ve liberado. Empresas tan reconocidas como por ejemplo CacaoLat se mantuvieron a flote gracias a esta figura jurídica.
Crece el interés por las empresas con estrés financiero
En la actualidad existe un interés creciente en la adquisición de empresas que se encuentran en una situación de estrés financiero por parte de terceros inversores que entienden que, según el caso, puede tratarse de actividades viables atrapadas en el sobreendeudamiento adquirido por la sociedad que actualmente explota dicha actividad.
Internacionalmente, este mecanismo jurídico tiene mucha más aceptación y su implementación es recurrente. En España, sin embargo, se ha dado prioridad a la figura del convenio de acreedores cuando la realidad es que, en la práctica, son pocos los casos en los que se alcanza un acuerdo con los acreedores que permita la supervivencia de la actividad empresarial a largo plazo.
Cuando una empresa en concurso despierta el interés de potenciales inversores que tras analizarla entienden que puede tener una viabilidad sostenida al quitar el lastre del exceso de endeudamiento de la sociedad anterior, se procede por parte de éstos a la presentación de una oferta en el marco del procedimiento concursal para adquirir el negocio, culminando el proceso de trasmisión de la unidad productiva y dando continuidad a la actividad que se desarrollaba en la empresa concursada.
El público percibe entonces que la empresa sigue funcionando tras pasar por un proceso concursal. La marca sigue en el mercado y la plantilla laboral sigue operativa. Hemos de considerar el proceso concursal como un marco legal y no como una solución final.
Se trata de un procedimiento muy amplio, con muchas derivadas, y ciertamente complejo. Puede conducirse hacia la obtención de un convenio de acreedores, a la liquidación completa de la empresa y su consecuente cierre, o hacia la venta de sus activos de forma aislada.
Pero también puede conducirse a la venta de la unidad productiva a través de la inversión de un tercero que dote de continuidad a la actividad empresarial dejando atrás tanto el endeudamiento financiero como el endeudamiento tributario.
Por Carlos Pavón – Socio Director en GAULA Abogados