Fundación Repsol y Esade se unen para debatir los retos de la transición energética. Los expertos coinciden en que además de dar un impulso competitivo a la industria, la transición debe aportar empleo digno y de calidad.
La transición energética, para ser exitosa, debe ser un proceso inclusivo, mediante la formulación de políticas y planes de inversión que velen por la creación de empleos dignos, la justicia social, la competitividad de la industria y el desarrollo económico en España y en Europa. Esta es una de las principales conclusiones que se han podido extraer de la sesión “EU Industry and the Energy Transition”, organizada por EsadeGeo en colaboración con Fundación Repsol, celebrada en el campus de Esade en Madrid.
El acto ha contado con la participación de Javier Solana, presidente de EsadeGeo, y António Calçada, vicepresidente de Fundación Repsol, entre otros líderes empresariales, sindicales y políticos. En su intervención, Solana ha hecho hincapié en la dimensión global de los desafíos que plantea la transición mientras que Calçada ha señalado que la transición energética “tiene que abordarse de forma ordenada e ir acompañada de un plan de desarrollo tecnológico e industrial”.
La electricidad como motor de la transición energética
El director general de AEGE, Fernando Soto, ha afirmado que “la industria electrointensiva en España constituye uno de los motores del desarrollo y el bienestar social del país, generando 66.000 empleos directos y 186.000 trabajos en total”: la asociación está conformada por 27 grupos empresariales, que suman 78 plantas industriales en el territorio español y consumen el 10% de la demanda nacional de electricidad.
La industria electrointensiva se está preparando para la descarbonización, mediante proyectos de innovación tecnológica y de mejora en los procesos, que requieren de una política europea coherente en materias de energía e industria, con el apoyo financiero e incentivos para el uso de energías neutras en carbono”.
Por otro lado, “la reducción de los costes de la energía en España (donde el coste promedio de la electricidad es 27% más elevado que en Alemania y 21% más que en Francia) contribuirían a reducir la brecha competitiva y a la sostenibilidad de la industria”, ha afirmado.
La situación del acero
En relación a la industria del acero de Europa, Bartosz Nienałtowski, director de asuntos públicos de EUROFER, ha comentado que ésta “proporciona unos 330.000 empleos directos en 22 de los Estados miembros de la Unión Europea, allí donde España ocupa el sexto puesto en una distribución por países–con 17.400 empleos en esta industria–y Alemania ocupa el primero, con 84.200 puestos de trabajo.”
Según él, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta su industria es la bajada en la producción europea y el incremento de las importaciones: “en 2018, la producción de acero crudo de la UE se redujo en un 14%, allí donde la cuota de mercado de la importación de productos de acero acabados incrementó en un 80% y de productos semiacabados en más de un 40%”.
Para el experto, estos indicadores no solo constituyen una “pérdida de empleo y de competitividad”, sino también van en contra de los objetivos de descarbonización: “las importaciones de acero de la UE tienen, en promedio, una huella de carbono mayor que el acero fabricado en la UE”. A través del Pacto Verde Europeo, la Comisión “da apoyo para la ampliación de proyectos que tienen como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono de la industria en un 30% hasta 2030 y en un 80-95% hasta 2050”, ha comentado.
Para ello, ha añadido: “el acceso asequible a una energía baja en carbono es esencial, así como también la creación de mercados para el acero de bajo carbono y la creación de mejores condiciones para la competitividad.”
Transición del empleo y justicia social
Para Bert de Wel, asesor sénior del Centro de Transición Justa de la Confederación Sindical Internacional, las políticas para una transición energética justa deben “crear mecanismos para un diálogo social inclusivo–entre gobiernos, empleadores, trabajadores, sindicatos y otras partes interesadas–a la hora de desarrollar medidas que generen confianza, impulsen la creación de empleos dignos y una transformación efectiva; evaluar los impactos sociales y económicos de la transición ecológica; implementar un plan de capacitación y desarrollo de habilidades que permita la transición de la fuerza de trabajo en el mercado laboral; diseñar políticas de protección social, y aumentar la transferencia de tecnología, innovación y conocimiento a países en desarrollo, así como la inversión responsable”.
El Pacto Verde Europeo
En relación al Pacto Verde Europeo, Antonio López-Nicolás, jefe adjunto de la unidad de Políticas de Energías Renovables y Captura y Almacenamiento de Carbono de la Comisión Europea, ha destacado que se trata de una hoja de ruta para una transición energética en Europa que promueva “el desarrollo económico, la generación de empleo y el liderazgo tecnológico e industrial de la región.”
Se trata de “transformar la economía de la UE para un futuro sostenible, sin dejar atrás a nadie”, ha añadido. Entre los objetivos del Pacto, se incluyen también “la ambición de reducir los niveles de contaminación a cero; preservar y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad; promover una industria alimentaria sana y respetuosa con el medio ambiente; acelerar la transición hacia un transporte sostenible e inteligente; construir las condiciones para un consumo eficiente de los recursos energéticos, la economía circular y la adopción de energías renovables en la industria mediante un suministro seguro y accesible, y, en definitiva, incrementar los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050”, ha señalado.
Marta Camacho, directora de relaciones institucionales de Repsol para España y Europa, en su intervención de cierre del acto ha resaltado el papel protagonista que juega la industria en el proceso de transición energética en Europa: “es de vital importancia, debido al peso específico en términos económicos y sociales de la misma, que la industria mantenga unos niveles de productividad y de eficiencia que garanticen un empleo de calidad, al tiempo que se avanza en la progresiva descarbonización de su actividad y en la reducción de emisiones de dióxido de carbono”.
Según ella, “una total neutralidad tecnológica, el crecimiento sostenible, una legislación adecuada que impulse estos factores y evitar la deslocalización de la industria” serán las palancas que permitirán asegurar una transición energética satisfactoria.