El derecho que se reivindica no es sobre la secesión de un tipo de turismo y/u otros, sino que el consumidor exige su derecho a decidir si viajar en el momento en el que nos encontramos, y lo que es más importante, a dónde.
La popularización del turismo masivo ha permitido la generación de fuertes vínculos que provocan una canalización bastante clara de hacia dónde tiene que ir el consumidor turístico en ciertas temporadas y/u otras, pero hemos llegado a un momento en el que la sociedad exige su derecho a decidir, exige que nadie decida por ellos, y sobre todo, para ellos.
El que la situación económica haya provocado una insuficiente carga o volumen de ventas de paquetes turísticos en nuestro país, no es sólo por el aumento de la presión fiscal a las agencias de viajes, o a los alojamientos hoteleros, sino a todo aquello que rodea al producto turístico: restaurantes, bares, gasolineras, tiendas, etc.
Si durante años la masa turística de nuestro país era la creciente y boyante clase media, y se nos llenaba la boca de elogios hacia una clase dirigente que había facilitado el que las cargas fiscales se habían disminuido, y a su vez se había generado una mayor fluidez del consumo por un aumento directo del poder adquisitivo de los hogares, no es de extrañar que, a día de hoy, digamos que a qué estamos esperando para volver al statu quo anterior a la crisis.
Si los datos macroeconómicos acompañan, y la presión fiscal se flexibiliza, los hogares podrán facilitar que la microeconomía fluya de manera más dinámica, y sobre todo que el español medio realice lo que todos los economistas están deseando: QUE CONSUMAN.
Pero para consumir un español medio precisa de medios, y sobre todo, holgura económica en su quehacer cotidiano. Un español medio contaba con una serie de días de vacaciones remunerados que, a día de hoy, se han visto, en la praxis, mermados por la presión empresarial.
A su vez, ha visto mermados sus emolumentos por el aumento en las retenciones y, con ello, una disminución salarial pactada por reducción de productividad. Súmenle ustedes el aumento del IRPF, más el aumento al 21% de IVA en todo aquello que consumimos, y ¿qué obtiene usted? Un consumidor que no tiene derecho a decidir.
Se han coartado los derechos de los consumidores, en tanto en cuanto, los consumidores han visto mermado su espectro económico, y por lo tanto su abanico de posibilidades se ha reducido drásticamente. La solución ya llega tarde, pues la sociedad precisa de cambios y modificaciones fiscales que llegarán cuando todo el mundo atisbe que tienen que ver con la cercanía de las elecciones, y la gente se ha hartado de tanto “juego de tronos”.
La presión fiscal es asfixiante para el consumidor, pero también los es para el empresario que necesita de un margen de confianza por parte de las entidades financieras para poder sobrellevar este ciclo económico. Hablamos a la ligera de crear oportunidades para la generación de nuevos negocios e incentivar el autoempleo, el emprendimiento, la especialización, pero nadie habla de incentivar el consumo y por lo tanto generar expectativas de éxito, a la vez que constriñes las expectativas de consumo del potencial cliente, es poner de espaldas al emprendedor hacia el camino de la competitividad y la sostenibilidad de su negocio en el sistema actual.
Si nos retrotraemos al pasado, ya en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, allá por el año 1948 se reconocía, de manera global, la voluntariedad, y sobre todo el derecho del ser humano, a lo largo del artículo 24, que todo individuo que trabaja tiene derecho a un período vacacional remunerado. Y la situación económica a finales de los 40, y principios de la década de los 50, compartirá el lector conmigo en que no era un momento económico de gran boyantía para la población media, y se generaron planes de dinamización económica que facilitaron la creación de negocios, crecimiento económico y a su vez se consolidaron económicamente los estados para afrontar un futuro común: Estado – Sociedad.
El derecho a decidir que planteo hoy aquí se basa en el derecho de todo individuo a poder viajar allá donde su situación económica y/o social le permita, y no que sus derechos estén plegados a las necesidades de financiación extra que precisen los estados por un más que inquietante no saber cómo organizar, dirigir y desarrollar planes de dinamización económica que llegue a la población (a la economía real) y no sólo a los saneamientos de la banca.
La presión fiscal ha coartado la libertad de decisión de los consumidores, y la principal industria que lo ha sufrido ha sido la industria del turismo, que se ha beneficiado de la llegada de más extranjeros, pero que ha fulminado las oportunidades de los consumidores propios.
Llega tarde la reforma fiscal, pero que llegue, que la estamos esperando. Que no se quede en meras promesas previas a procesos electorales, y que las políticas reformistas promuevan planeamientos de futuro mucho más allá de 2015 para que la sociedad pueda no sólo sostenerse, sino crecer en todo aquello necesario para seguir siendo una sociedad moderna y competitiva.