En un contexto de aceleración normativa sin precedentes, las empresas españolas deben adaptarse a una nueva arquitectura legal europea que impacta en todos los aspectos de su actividad. Desde la sostenibilidad hasta la inteligencia artificial, pasando por fiscalidad, gobierno corporativo o resiliencia digital, el cumplimiento normativo ya no es un departamento más: es una condición esencial para competir en 2025.
Así lo subraya el informe Perspectivas España 2025, elaborado por CEOE y KPMG, que recoge la creciente preocupación del empresariado ante un entorno regulatorio más exigente, cambiante y, en muchos casos, difícil de anticipar.
La regulación, cada vez más estratégica
Durante años, la normativa se abordó como una obligación de cumplimiento legal. Hoy, las empresas más competitivas entienden que una gestión proactiva de la regulación puede convertirse en una ventaja estratégica. Quienes se anticipen, adapten sus procesos y alineen sus modelos de negocio con las nuevas directrices europeas estarán mejor posicionados para atraer inversión, evitar sanciones y generar confianza.
El reto está en la complejidad, la velocidad del cambio y la capacidad de trasladar estas normas a la operativa diaria. Muchas compañías, especialmente las pymes, no cuentan con los recursos necesarios para monitorizar y aplicar cada nueva exigencia a tiempo.
Una ola regulatoria sin precedentes
La Comisión Europea, en su camino hacia un modelo más sostenible, digital y resiliente, ha lanzado más de un centenar de normativas y directivas en los últimos años. Algunas de las más relevantes que impactarán directamente en 2025 son:
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AI Act: regula el uso de inteligencia artificial en función del riesgo.
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NIS2 y DORA: refuerzan la ciberseguridad y la resiliencia digital.
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CSRD: amplía la obligación de reporte de sostenibilidad a miles de empresas.
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Pilar 2 OCDE: establece un impuesto mínimo global para grandes multinacionales.
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Directiva de debida diligencia: obliga a supervisar derechos humanos y medioambiente en la cadena de valor.
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Fit for 55: paquete climático para cumplir los objetivos de reducción de emisiones.
Cada una de estas iniciativas implica cambios operativos, tecnológicos y organizativos. Y su implementación no será opcional.
Fiscalidad, sostenibilidad y transparencia: el nuevo estándar
La fiscalidad internacional también entra en una nueva fase. La implementación del Pilar 2 de la OCDE afectará a todas las empresas con facturación superior a 750 millones de euros, imponiendo un tipo mínimo del 15%. Esto obligará a revisar estructuras, optimizar estrategias fiscales y fortalecer la transparencia financiera.
En paralelo, la sostenibilidad deja de ser voluntaria. La CSRD exige que más de 50.000 empresas europeas —incluidas muchas españolas de tamaño medio— reporten información detallada sobre impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG). No hacerlo supondrá pérdida de reputación, financiación más cara y exclusión de muchas cadenas de suministro.
El coste del cumplimiento y la brecha entre empresas
Una de las grandes preocupaciones reflejadas en el informe es el impacto económico del cumplimiento normativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Mientras las grandes compañías cuentan con departamentos legales y de cumplimiento sofisticados, muchas pymes carecen de los recursos técnicos y humanos para abordar estas transformaciones.
Esta asimetría puede generar una brecha competitiva que agrave la ya existente desigualdad estructural en el tejido empresarial español, donde el 99% son pymes.
¿Europa pierde competitividad frente a otras regiones?
El aumento de la regulación europea genera un debate de fondo: ¿están las empresas del continente en desventaja frente a sus competidoras de otras regiones con marcos más laxos? Mientras Estados Unidos o Asia aplican normas más flexibles en sostenibilidad, fiscalidad o uso de IA, Europa apuesta por un modelo más garantista, pero también más exigente.
El informe recoge la inquietud de muchas empresas, que temen una pérdida de agilidad, un exceso de carga administrativa y la fuga de inversiones a entornos más permisivos. Al mismo tiempo, se reconoce que un marco regulatorio claro y estable también puede ser una fuente de confianza y diferenciación.
Recomendaciones del tejido empresarial español
Ante este escenario, las organizaciones empresariales reclaman una serie de medidas para evitar que la regulación se convierta en un freno al crecimiento:
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Simplificación normativa y eliminación de duplicidades entre niveles estatal, autonómico y europeo.
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Mayor seguridad jurídica, evitando cambios legislativos constantes y retroactivos.
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Espacios de colaboración público-privada para anticipar y preparar las nuevas obligaciones.
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Ayudas y asesoramiento técnico a pymes para cumplir con la regulación sin perder competitividad.
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Evaluación del impacto económico de cada nueva norma antes de su aprobación.
El objetivo es claro: pasar de una regulación impositiva a una regulación habilitadora, que fomente la innovación y la transición empresarial sin generar bloqueos.
Compliance, una función cada vez más estratégica
En este nuevo entorno, las áreas de compliance ganan un peso central dentro de la estructura organizativa. De ser funciones reactivas, están pasando a tener un rol preventivo, transversal y conectado directamente con la estrategia.
El informe apunta a una tendencia clara: la función de cumplimiento deja de ser jurídica y se convierte en gestión de riesgos empresariales, desde la ética hasta la sostenibilidad, pasando por protección de datos, buen gobierno o IA.
Mirar la regulación como oportunidad
A pesar de las dificultades, las empresas que entiendan la regulación como una oportunidad —no como una barrera— serán las que lideren el nuevo ciclo económico europeo. Las normativas pueden acelerar la digitalización, impulsar la eficiencia energética, reforzar la gobernanza o abrir mercados si se gestionan con visión.
El informe Perspectivas España 2025 invita a las organizaciones a adoptar una actitud más anticipativa, alineando sus modelos operativos con las grandes transformaciones que Europa promueve. La clave estará en pasar del cumplimiento pasivo al liderazgo regulatorio.