Uno de los mayores desafíos, sino el más importante, al que se ha debido enfrentar la industria del juego online fue la emisión de normas regulatorias que se implantaron bajo el mandato de Alberto Garzón, el ex ministro de Consumo. España ha ganado la fama de país exigente en torno al trepidante crecimiento del rubro del juego y su impacto.
La ferviente lucha contra el desarrollo del mercado del juego ante el disparatado ascenso de los índices de ludopatía, sobre todo entre los segmentos más jóvenes de la población, fue prioridad en la agenda del ex ministro. Los casinos online arrasan en el mundo llevando a que millones de usuarios accedan a juegos de azar y plataformas de apuestas mediante un clic desde cualquier dispositivo móvil.
Registrarse en un operador consta de pasos simples diseñados para que todo tipo de usuario pueda abrir su cuenta. Los usuarios que buscan casinos sin registro descubren que no es posible jugar sin registrarse desde España, sin embargo, la oferta de sitios es vasta y su promoción ineludible. Mientras el Gobierno se debate cómo resguardar a los consumidores, el sector privado, pese a los obstáculos, avanza.
La “Ley” Garzón ¿una lucha perdida?
En 2020 Alberto Garzón se consolidó como uno de los políticos más involucrados en las regulaciones de la industria del juego. El paquete de medidas presentado bajo su ala apuntó a desmembrar la estructura publicitaria del rubro; el recurso más poderoso para cualquier empresa en desarrollo. Aprobado el Decreto, se limitó la publicidad a rangos horarios de madrugada y se prohibieron la difusión de bonos y otras promociones, así como los contratos de casas de apuestas con clubes de fútbol.
Las restricciones estuvieron vigentes durante más de tres años en los cuales, aun con la balanza a favor del programa del Gobierno, los casinos online no mostraron significativos declives en sus ingresos. Pero la “Ley” Garzón encontró su sombra bajo la solicitud de revisión emanada por Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital, que acusó al paquete de medidas carente de marcos legislativos.
Garzón culminó su período como ministro en noviembre de 2023 y fue Pablo Bustinduy, un académico con una postura alineada a la de su antecesor, quien debió hacer frente a las repercusiones de esta nueva polémica. El Decreto de Garzón retornó a las autoridades correspondientes y a comienzos del 2024 el Tribunal Supremo decidió anular varios artículos que habilitó, nuevamente, la circulación de la emisión publicitaria de los casinos online.
El desafío de Bustinduy, el sucesor de Garzón
El fallo a favor de la industria del juego en línea acalora las discusiones respecto al rol del estado para proteger a los consumidores, roles que muchas veces coalicionan con los intereses del gobierno de turno y sus alianzas. Entre los enunciados que realizó Jdigital, caló hondo la acusación de que las medidas de Garzón atentaban contra la libertad del empresariado.
Durante el mes de abril del corriente año el Poder Judicial extendió un comunicado en el que clarificó: “la sentencia considera que la publicidad forma parte de la libertad de la empresa”. Sin embargo, no hizo oídos sordos a las causas que llevaron a Garzón a crear este conjunto de regulaciones y comunicó que, aunque la libertad está sujeta a ciertos límites (protección y derechos de consumidores en este caso), estos deben ser impuestos mediante medios estrictamente legales.
Bustinduy se encuentra en un punto de partida, pero con ciertas ventajas; tiene entre sus manos un conglomerado de medidas adjuntas por el ex ministro, ya elaboradas y listas para ser lanzadas al circuito de legislación. Habiendo sido aprobadas una vez, aunque bajo el carácter de Decreto, es posible que el paquete de normas encuentre adherencia en los recintos. No obstante, deberá sortear la forma de negociar con las libertades propias del mundo empresarial, aunque estas rocen cuestiones éticas.
Leyes claras conservan la seguridad
La creciente popularidad de los casinos online convoca a que haya actualizaciones en las normas. No obstante, las regulaciones que se regían por la Ley del Juego en 2011 pasaron a responder a un Decreto desde 2020, carente de marcos legales. Se proyecta que el retorno a la formalidad legal pueda llegar a fundar las bases para un equilibro entre la protección de los consumidores y la libertad de las corporaciones.
El crecimiento de la industria del juego online es un fenómeno mundial. Su legislación posibilita el resguardo de los usuarios ante posibles maniobras fraudulentas en portales de juego ilícitos y contribuye a un mejor control fiscal. Sin embargo, junto con el avance tecnológico y la expansión del mercado, también aumenta el riesgo de ciberataques dirigidos a plataformas y usuarios. En este sentido, es crucial que tanto las empresas como los consumidores estén preparados para enfrentar los crecientes ciberataques. La regulación del rubro permite desmantelar las redes clandestinas y obtener generosas recaudaciones mediante las altas tasas impositivas.
