El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, argumentando el impacto económico negativo sobre los ciudadanos y pequeños empresarios que se ven obligados a renovar su vehículo para poder circular por la ciudad. Esta decisión surge tras la impugnación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, que establecía restricciones progresivas según las etiquetas ambientales de los vehículos.
Los argumentos del tribunal
El tribunal, en un fallo presidido por el magistrado José Manuel Ruiz Fernández, considera que las medidas que definen la ZBE afectan a un amplio espectro de la población, desde particulares hasta empresas, y que no se ha tenido en cuenta de manera adecuada el impacto económico en la elaboración de la normativa.
La sentencia señala que la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones no incluye un informe económico que contemple las consecuencias de la renovación del parque automovilístico. Esta renovación, argumenta el tribunal, afecta especialmente a las personas y colectivos con menor capacidad económica, que tendrán mayores dificultades para adquirir vehículos que cumplan con los estándares ambientales exigidos.
La importancia de un análisis económico en las normativas
El TSJM subraya que la intensidad de las medidas restrictivas impuestas por la ZBE exige una evaluación económica detallada. El tribunal critica que el Ayuntamiento no haya considerado los costes de adquisición de nuevos vehículos ni la diferencia de precio entre vehículos con y sin etiqueta ambiental. Según la sentencia, la falta de este análisis implica una carencia significativa en el procedimiento de creación de la ordenanza.
La ordenanza, al requerir la renovación de vehículos antiguos, impacta de manera desproporcionada en las personas con menos recursos, quienes se ven obligadas a asumir estos costes sin que se haya hecho una valoración de alternativas menos restrictivas o más equitativas. El fallo destaca que la proporcionalidad de las medidas no ha sido debidamente ponderada.
Efectos de la sentencia
A pesar de la anulación de la ZBE, la sentencia aún no es firme, por lo que no tendrá un efecto inmediato en Madrid. La Zona de Bajas Emisiones continuará operando hasta que el proceso judicial avance y se emita una decisión definitiva. Esto significa que las multas impuestas en el marco de esta normativa, que según la Automovilistas Europeos Asociados ascienden a 1,7 millones de sanciones valoradas en 330 millones de euros, seguirán en vigor hasta que se emita un nuevo fallo.
Vox y la impugnación de la Ordenanza
El recurso que llevó a la anulación de la ZBE de Madrid fue interpuesto por Vox, tanto por su grupo municipal en el Ayuntamiento como por sus diputados en la Asamblea de Madrid. Este recurso argumentaba que la ordenanza carecía de ciertos informes preceptivos, especialmente en lo relativo al impacto económico de la normativa.
El tribunal ha fallado a favor de Vox, señalando que la falta de estos informes demuestra una insuficiencia manifiesta en el proceso de elaboración de la ordenanza. En particular, el tribunal critica la falta de un balance adecuado entre los beneficios ambientales y los costes económicos para la población más vulnerable.
Potestad del Ayuntamiento y protección del medio ambiente
A pesar de la anulación, el tribunal reconoce que el Ayuntamiento de Madrid tiene la potestad para adoptar medidas destinadas a proteger la salud y el medio ambiente, tal como lo establece la normativa europea y nacional. Sin embargo, el fallo subraya que dichas medidas deben ser adoptadas con la diligencia adecuada, y deben tener en cuenta tanto las consecuencias económicas como las implicaciones sociales para los ciudadanos.
Posibles implicaciones futuras
Este fallo del TSJM pone en tela de juicio la sostenibilidad económica de las políticas ambientales que se implementen sin un análisis exhaustivo de sus efectos sobre los sectores más vulnerables. Además, abre la puerta a posibles ajustes normativos que podrían incluir incentivos o compensaciones para aquellos que no pueden afrontar el coste de la renovación de su vehículo.
En resumen, el futuro de la ZBE de Madrid queda en manos de nuevas decisiones judiciales y posibles revisiones normativas por parte del Ayuntamiento, que deberá equilibrar la protección del medio ambiente con el impacto económico que estas medidas suponen para los ciudadanos.