MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que pregunte a la Agencia Tributaria si el expresidente de Bankia Rodrigo Rato declaró en el año 2012 un ingreso de seis millones que recibió del banco de inversiones Lazard tras su salida y que, según precisó durante su declaración ante el magistrado, obedecía a los derechos sobre unas acciones adquiridos durante su etapa como director gerente de la entidad francoestadounidense.
El Ministerio Público pide, según especifica un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que la AEAT documente si tanto Lazard como Rodrigo Rato "han incluido en sus correspondientes declaraciones tributarias del ejercicio 2012 el pago y cobro, respectivamente, de esta cantidad, en concreto 6.199.308 euros". Agrega que el pago "fue al parecer declarado por ambos".
También interesa que el juez solicite al banco de inversiones "que documente la transferencia realizada en 2011, así como la razón de dicho pago".
Rato indicó durante su comparecencia en la Audiencia Nacional como imputado el pasado 16 de octubre, en el marco de la pieza separada que investiga el uso de 'tarjetas B' adjudicadas a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia con las que gastaron 15,5 millones de euros, que recordaba "perfectamente" este pago recibido tras su salida.
Al ser preguntado por el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón por una transferencia que recibió en el año 2011 del banco en el que había trabajado hasta que desembarcó en Caja Madrid, Rato explicó que se trataba de un contrato firmado en 2008 con esta compañía por su trabajo allí hasta su salida en enero de 2010.
"Eran una acciones que tenían un vencimiento no sé si en 2012 o 2011 y eran unos derechos sobre unas acciones que no podía cobrar hasta que vencieran", dijo, para agregar que esto formaba parte de sus relaciones con Lazard antes de entrar en la presidencia de la caja madrileña. "Lo cobro cuando los derechos pasan de ser derechos a acciones. Los derechos los tenía en 2008 pero no los podía cobrar creo que hasta el 2011", afirmó.
RECHAZA LAS PETICIONES DE UPyD
En su escrito, la Fiscalía se opone a las diligencias solicitadas por el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), personado como acusación popular en la causa que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia. La formación había pedido que se citara a declarar como imputado al presidente de Lazard, Jaime Castellanos, por la comisión de un delito de falso testimonio.
La formación aseguraba que Castellanos "faltó a la verdad en su declaración prestada en calidad de testigo el pasado 19 de febrero de 2013" en respuesta a preguntas formuladas sobre la retribución percibida en el banco por Rato, que trabajó en esta entidad entre febrero de 2008 y enero de 2010.
El presidente de Lazard indicó entonces que el sistema retributivo de Rato era "el propio de la banca de inversión" y especificó que en los directivos de la entidad cuentan con un sueldo fijo y otro variable, en función de las capacidades.
"Yo, con seguridad, recuerdo que el fijo era de un millón de dólares (…) y el variable dependía de los ejercicios, digamos, lo que alcanzase el señor Rato en el desempeño de sus cometidos", indicó. Castellanos también negó que Rato percibiera "remuneraciones variables" tras su salida de Lazard.
La Fiscalía no aprecia que Castellanos "faltara a la verdad". "Su explicación no es incompatible con la dada por Rato", dice. Añade que las diligencias solicitadas por UPyD "resultan desproporcionadas a los fines de averiguar la razón del pago".
SOSPECHAS SOBRE CONTRATOS
Anticorrupción rechaza también practicar otras diligencias que pedía la formación magenta. UPyD destacaba la existencia de indicios que "permiten albergar serias sospechas" sobre los distintos contratos adjudicados a Lazard por parte Caja Madrid y Bankia desde la llegada a la presidencia de Rato.
Señalaba que, en contra de lo declarado por el expresidente de Bankia, ambos fueron socios en una mercantil, Paracuga S.L, dedicada a la inversión inmobiliaria y copartícipes en una comunidad de bienes titular de un local arrendado a los supermercados Mercadona.
El escrito indicaba que Rato tomó personalmente la decisión de contratar a Lazard sin que hubiera "el más mínimo proceso competitivo". "No se pidió ningún presupuesto a otras posibles empresas competidoras", agrega.
El primer mandato o encargo profesional entre ambas entidades lleva fecha de 28 de octubre de 2009, la víspera de que se diera a conocer públicamente que Rato había sido elegido por el PP para presidir Caja Madrid, destacaba UPyD. Su escrito también se refería a otro de los contratos suscritos, firmado en esta ocasión el 10 de junio de 2010, que lleva aparejada una "comisión de éxito" de 2,3 millones de euros a cambio de un "servicio de asesoramiento abierto".
LOS CORREOS DE RATO
La formación hacía también referencia a la relación entre Bankia y la correduría de seguros Willis Iberia, presidida por Castellanos. La aseguradora fue nombrada como agente de seguros para la póliza de la Oferta Pública de Valores lanzada por Bankia.
Mencionaba, además, que la formación ha tenido conocimiento de que Rato asumió en marzo de 2010 funciones de asesor internacional del banco turco Akbank, "vulnerando aparentemente la ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid".
UPyD pedía al juez Andreu que solicitara a Lazard que remitiera la cuenta de origen y destino de la transferencia de seis millones realizada a Rato y "de cualquier otra realizada con posterioridad a la extinción de su relación laboral".
También reclamaba al magistrado que pida los correos electrónicos remitidos desde la cuenta corporativa asignada en Lazard a Rato a directivos de Caja Madrid en el ejercicio 2009 y los enviados desde su cuenta en la entidad madrileña y Bankia a Castellanos y otros directivos del banco de inversiones.