El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, ha acusado este viernes al juez estadounidense Thomas Griesa de intentar "condicionar" al Congreso por declarar "ilegal" el proyecto de ley que pretende cambiar la jurisdicción de los pagos a los bonistas que se sumaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
BUENOS AIRES, 22 (EUROPA PRESS)
Kicillof se ha referido al resultado de la audiencia celebrada ayer en Nueva York, a petición de los llamados "fondos buitre", para abordar los planes de Argentina de promulgar un proyecto de ley para permitir a los bonistas que se sumaron a las reestructuraciones que cobren su deuda amparados por la legislación argentina.
Los fondos de inversiones NML Capital, Aurelius Capital y Elliott Management pidieron a Griesa que declarara en desacato a Argentina argumentando que el proyecto de ley violaría los fallos anteriores que impiden al país eludir los tribunales estadounidenses.
El juez, aunque coincidió con los fondos de inversión en que los planes del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son ilegales, decidió no declarar a Argentina en desacato al considerar que no ayudaría a la resolución del conflicto.
"El hecho de declarar 'ilegal' a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra nuevamente su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas", ha dicho Kicillof.
El ministro de Economía ha considerado que se trata de "un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía" por parte de Griesa al "opinar sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión –al desconocer elementos centrales del mismo–".
AUDIENCIA SIN SOLUCIONES
Además, ha criticado que, "una vez más, la audiencia convocada por Griesa finaliza sin resoluciones para ninguna de las cuestiones realmente importantes ocasionadas por su sentencia", en la que ordena a Argentina pagar con carácter preferente a los fondos de inversión.
"Mientras mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, responde al pedido de los fondos buitres y llama a una audiencia para debatir sobre un supuesto desacato", ha subrayado.
Kicillof ha considerado que "sería mucho más constructivo que Griesa leyera los fundamentos y el proyecto de ley en forma completa para aclarar así muchas de la confusiones que ha exhibido en las últimas audiencias".
También ha criticado la insistencia de Griesa en que Argentina debe negociar, mientras "se niega a ver que en realidad quienes no negocian son los 'fondos buitre'". "Por eso son buitres, porque no negocian. Lejos de impartir justicia, el juez sólo busca favorecer a los 'fondos buitre'", ha reiterado.
A pesar de ello, ha sostenido que "Argentina continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el cien por cien de sus acreedores".
CAMBIO DE JURISDICCIÓN
Fernández de Kirchner explicó el martes que el objetivo del proyecto de ley es que los acreedores de deuda reestructurada puedan canjear sus bonos, si así lo desean, por nuevos papeles con las mismas condiciones pero bajo legislación argentina.
Además, el proyecto de ley autorizará la eliminación de Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario y el nombramiento de Nación Fideicomisos, del estatal Banco Nación, como nuevo agente encargado del servicio de la deuda.
A pesar de este anuncio, la jefa de Estado insistió en que Argentina quiere "solucionar el cien por cien de los tenedores de bonos de deuda argentina, en forma justa, equitativa, legal y sustentable, pero también de manera definitiva, porque el próximo 30 de septiembre tiene otro pago de 200 millones de dólares".
Uno de los llamados "fondos buitre", Aurelius Capital, ya ha expresado su rechazo a este proyecto de ley. "Los líderes argentinos han elegido ser unos bandidos. Han desobedecido los fallos de los tribunales estadounidenses", ha dicho en un comunicado.
"FONDOS BUITRE"
La nación austral incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.
Una minoría de bonistas, a los que el 'kirchnerismo' se refiere 'fondos buitre', optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda.
Obviando este fallo, Argentina depositó en junio el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los 'holdouts', lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio.