MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La iniciativa, que defenderá el portavoz parlamentario de Empleo de CiU, Carles Campuzano, persigue reducir la pobreza infantil de forma "ambiciosa", incrementando tanto las cuantías que reciben las familias para atender a sus hijos menores como el número de niños protegidos, que llegarían hasta los 4 millones.
"Con voluntad política debería poder hacerse", señala el diputado catalán, insistiendo en que "reformar el sistema de prestaciones tendría un coste importante pero no inasumible" y que es "imprescindible" una transferencia de recursos del Estado a las familias con hijos, que actualmente reciben mucho menos por esta vía que en otros países europeos donde la tasa de pobreza es inferior.
100 EUROS AL MES
En concreto, la proposición de ley plantea elevar de 24,2 a 100 euros mensuales la cuantía de la prestación por hijo o menor acogido, sumando así 1.200 euros anuales. Una cantidad que se elevaría triplicaría (3.600 euros/año) en el caso de los menores con una discapacidad del 33% o superior, y llegaría a los 7.800 euros si se trata de un mayor de edad con una discapacidad a partir del 65%.
En el caso de tener una discapacidad del 75% o más, independientemente de la edad, la persona a cargo recibiría hasta 14.400 euros cada ejercicio como compensación por la ayuda prestada para "los actos más esenciales de la vida". En las familias numerosas, la asignación se elevaría a 1.500 euros, y hasta 2.100 euros si se trata de una familia numerosa de categoría especial.
Por otra parte, los nacionalistas catalanes proponen también incrementar los límites de renta que dan derecho a esta prestación –actualmente 11.520 euros anuales– que, en cualquier caso, debería tener vocación de universalidad en el medio y largo plazo.
Así, de salir adelante su propuesta podrían acceder a esta ayuda las familias cuyos ingresos anuales totales no superen los 25.400 euros, que es la renta mediana de las familias españolas, por lo que al menos la mitad de los hogares con hijos podrían beneficiarse de la medida. CiU calcula que se pasaría de los 850.000 beneficiarios actuales de la prestación por hijo a cargo a más de 1,3 millones de familias.
Además, ese umbral se elevaría un 15% por cada hijo o menor a cargo a partir del segundo, y llegaría a los 33.111,36 euros anuales en caso de familia numerosa con tres menores a cargo y se incrementaría en 4.506,38 euros por cada menor adicional a partir del cuarto.
En el caso de familias con hijos discapacitados no se exigirá límite de recursos económicos, y también se permitirá optar a esta prestación a quienes no tengan derecho a ella en cualquier otro régimen público de protección social.
Los límites de ingresos deberán actualizarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado "al menos" en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas de la Seguridad Social, que según su normativa tienen un suelo de revalorización del 0,25% anual y un techo del IPC más medio punto.
OTROS BENEFICIARIOS
También tendrán derecho los huérfanos de padre y madre menores o con discapacidad del 65% o superior, y quienes hayan sido abandonados por sus padres siempre que no estén en régimen de acogimiento permanente o preadoptivo. En cualquier caso, los menores no discapacitados no podrán tener ingresos anuales –incluida la pensión de orfandad– que superen los límites establecidos.
Asimismo, serán beneficiarios los mayores de 18 años cuya discapacidad no haya conllevado una incapacitación judicial y conserven su capacidad de obrar. En cualquier caso, los ingresos por esta prestación no se tendrán en cuenta a efectos de determinar la capacidad económica para beneficiarse de la Ley de Dependencia.
En el caso de familias que superen el tope máximo pero tengan ingresos inferiores a la propia prestación, se les garantizará una ayuda igual a la diferencia entre ambas cuantías. Esa ayuda será distribuida entre los hijos o menores acogidos y las mensualidades a las que se tenga derecho.
Según los cálculos de CiU, todos estos cambios supondrían un coste de unos 7.000 millones de euros a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, que debería transferir la gestión de estos recursos a las comunidades autónomas.