El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que simplifique de manera efectiva la gestión de la Política de Cohesión 2014-2020, así como que aplique el principio de proporcionalidad en la valoración de los requisitos que han de satisfacer los Estados miembros en el Acuerdo de Asociación, y que mantenga la flexibilidad necesaria para permitir una gestión eficiente de los programas a desarrollar.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, ha realizado esta petición durante la Reunión Informal de Ministros de Política Regional que se celebra en Milán.
Fernández Currás ha expresado la preocupación de España por cómo dar respuesta, rápida y eficazmente, a los retos económicos y sociales a través de la Política de Cohesión, "que ha de servir de motor de crecimiento y de cambio a largo plazo, especialmente en los Estados miembros y regiones menos desarrolladas", subraya el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
La secretaria de Estado ha recordado que los Programas de cohesión elaborados por España prestan especial atención a las inversiones generadoras de empleo y favorecedoras del crecimiento, como la investigación, la innovación o las nuevas tecnologías.
No obstante, ha hecho hincapié en que se requiere un tiempo considerable para que esta apuesta por la economía del conocimiento produzca impactos medibles sobre el PIB y el empleo.
"Esta es la razón por la que España, a lo largo de la negociación del Acuerdo de Asociación, ha defendido que se mantenga un escenario flexible, en el cual los programas puedan combinar inversiones en activos intangibles y con efectos a largo plazo -vinculados con la economía del conocimiento o la economía baja en carbono-, con inversiones físicas en ámbitos como el transporte o el medioambiente, capaces de generar crecimiento y empleo desde el momento inicial en el cual se acomete la inversión", ha explicado.
Fernández Currás ha solicitado a la Comisión que antes de que se cierre el proceso de negociación, haga un esfuerzo y mantenga una posición flexible y proporcionada a la situación específica de los Estados de la Unión Europea, simplificando, entre otras cosas, la gestión de la Política de Cohesión, tanto para las responsables de su gestión como para los organismos intermedios y los beneficiarios finales.