Por Carlos Balado – profesor de OBS Business School y Director de Eurocofin
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Joe Biden decía a principios de este año: “Hay un coro creciente de los mejores economistas diciendo que deberíamos estar menos enfocados en el déficit y más en las inversiones que podemos hacer, en empleos, en mantener a las familias fuera de la pobreza y en prevenir daños económicos a largo plazo a nuestra nación. La simple verdad es que si hacemos estas inversiones ahora, con tasas de interés a un nivel histórico bajo, generaremos más crecimiento, mayores ingresos, una economía más fuerte y nuestras finanzas también estarán en una posición más sólida”.
Durante los últimos diez años, la inversión pública bruta ha disminuido drásticamente a solo el 3% del PIB en toda la OCDE, sin tener en cuenta el efecto de la pandemia. En Alemania cayó a aproximadamente hasta el 2% del PIB.
El recorte de la inversión pública en Alemania
En términos netos, sin embargo, la inversión pública de Alemania ha sido prácticamente nula durante 10-15 años, aunque con un ligero aumento en los últimos dos años. La inversión fija bruta, es decir, la privada más la pública, se sitúa alrededor del 20% del PIB en la OCDE, incluida Alemania.
El resultado es, por un lado, un crecimiento potencial alemán considerablemente más bajo de lo que debería y, por otro, que la reforma muy limitada del sistema financiero alemán, en particular de la banca y sus cajas de ahorros protegidas por el Estado, ha limitado el crecimiento del país y ha bloqueado la reforma e integración del sector financiero europeo.
Cabe recordar que Alemania no ha aplicado la regla que entonces exigió a España para cambiar su sistema financiero y que dos gobiernos de diferente color realizaron con entusiasmo.
La inversión en Alemania se sacrificó en favor de otras prioridades (aumento de las pensiones) y estaba limitada por la obsesión política en mantener la austeridad, el “Cero Negro” (Schwarze Null), y el freno de la deuda debido a la política fiscal fijada en su constitución.
El próximo gobierno de Alemania
Es posible que Alemania no tenga un nuevo gobierno hasta principios de 2022 y Merkel, mientras tanto, puede permanecer como canciller interina. Para Europa, la duración de las negociaciones de coalición para gobernar serán claves porque afectarán a la capacidad de adoptar una decisión sobre las reglas fiscales de la UE a principios de año, un periodo que se cerrará temporalmente a principios de la primavera, cuando empiece la campaña electoral francesa.
Uno de los asuntos que más afectan a España y al resto de Europa es el freno de la deuda en Alemania por su impacto crítico en la inversión pública y, por lo tanto, en el compromiso de Alemania con el cambio climático. A su vez, también afectará al debate sobre las reglas fiscales de la UE, ya que el próximo gobierno alemán llevará a la negociación europea su propio planteamiento de las reglas de deuda pública.
Entre los posibles socios de la coalición, solo el Partido Verde aboga por un cambio en el freno constitucional de la deuda, para financiar su plan de 500.000 millones de euros en inversión en cambio climático en los próximos diez años (alrededor del 1,5% del PIB por año).
El SPD parece que busca algo cercano al 1% del PIB en inversión verde. El FDP también pide una inversión verde considerable, pero al igual que la CDU, no ha planteado cifras, sino que ha enfatizado en la idea de crear incentivos para que el sector privado realice las inversiones. Esto implica que, respecto al futuro de la inversión verde o sostenibilidad, misión en la que occidente está comprometido y Alemania lidera, el sector público tiene que hacer mucho más, aunque sin el sector privado será insuficiente.
En un documento de Bruegel, presentado a los ministros de Finanzas de la UE, se estima una necesidad del 2% del PIB en inversión adicional cada año durante la próxima década, de la cual el 0,5%-1,0% tendría que ser inversión pública. ¿De dónde saldrá el dinero?
Las opciones que se barajan
En Alemania se manejan tres escenarios: Uno en el que la CDU y el FDP abogan por recortes de impuestos y gastos, mientras que el SPD y los Verdes piden mayores impuestos para las rentas más altas así como un impuesto sobre el patrimonio; disminución de impuestos para los grupos con ingresos más bajos, cambiar la constitución para abandonar el freno de la deuda, o “Cero Negro”, y hacer espacio para la inversión en cambio climático.
Un segundo escenario con un fondo extrapresupuestario o una construcción similar al SPV (entidad de propósito especial) en la que el gobierno inyecte capital financiado con deuda para tales inversiones en la que participe el capital privado. También el gobierno podría inyectar capital en instituciones públicas con instrucciones para invertir en la transformación verde. En ambos casos, la deuda neta del gobierno no cambiaría y, por lo tanto, el freno de la deuda no se activaría.
En el tercer supuesto, una estimación actualizada del crecimiento potencial de Alemania puede elevar la base sobre la que se estima la cantidad que la constitución alemana considera “situación normal» a lo largo del tiempo, y eso dejaría un espacio considerable dentro del freno de la deuda existente para inversiones adicionales.
Lo normal sería, en cualquiera de los casos, cambiar la constitución, pero será difícil que el nuevo gobierno alcance la mayoría necesaria de dos tercios para ello. Sea como fuere, lo más interesante de esta situación es que en las próximas negociaciones sobre el regreso de las reglas fiscales de la UE, es decir, el pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija un valor máximo de referencia para el déficit público del 3% del PIB y la deuda pública del 60% del PIB, Alemania ya no podrá ser el rey de la austeridad. En otras palabras, si estamos muy débiles para saltar y superar el listón, mejor bajarlo.
