MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Así se desprende del estudio 'Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos', concluido en junio de 2014, y que la institución ha remitido a las Cortes Generales, donde se constata que el abono social y los requisitos para disfrutar del mismo constituyen una constante en las quejas desde su origen.
En él se explica que los beneficiarios del abono social son personas jubiladas y pensionistas con rentas bajas, por lo que una mínima variación de sus pensiones supone "su exclusión" como perceptores de este abono.
"No hay que olvidar que al tratarse de personas mayores son muchos los que precisan asistencia telefónica, por lo que hay que aplicar criterios de justicia social y de necesidad. La Administración tiene que continuar realizando esfuerzos para dar solución a estas situaciones. El estado social ha de garantizar que los ciudadanos vean cubierto un servicio básico como es el telefónico", sostiene el documento de la Defensoría.
EL ORIGEN DEL BONO SOCIAL
Según explica el informe, se considera básico que la totalidad de los ciudadanos cuenten con un servicio telefónico en sus domicilios, y, con frecuencia, los jubilados y pensionistas presentan queja de su delicada situación económica, por lo que demandan una mayor intervención e implicación de los poderes públicos para proteger sus intereses.
En respuesta a esta situación, recuerda cómo se aprobó el abono social de la Compañía Telefónica, que ha supuesto que miles de ciudadanos jubilados y pensionistas, con rentas bajas, se beneficiaran del servicio de telefonía fija a unos precios más reducidos que los aplicados con carácter general.
Se tuvo conocimiento, a través de las numerosas quejas, de que un elevado número de personas, hasta ese momento beneficiarias de este plan de precios más ventajoso, habían quedado excluidas, por lo que se formuló una recomendación y, finalmente, el problema se resolvió de manera satisfactoria, indica el Defensor del Pueblo.
Eso sí, lamenta que la situación se haya repetido porque la concesión de este beneficio se basaba en el límite del índice IPREM, que no ha sufrido variación en los últimos años, mientras que las pensiones se han incrementado levemente, excluyendo del abono a estos perceptores por el desfase con el IPREM.
Por ello, la institución formuló una nueva recomendación para evitar que muchos ciudadanos quedaran fuera de este plan como consecuencia de la falta de concordancia entre las subidas del IPREM y las pensiones.
"Se ha dado traslado de la recomendación a los departamentos ministeriales competentes en la materia para que eleven a la Comisión el acuerdo correspondiente para aprobar la modificación del umbral de renta familiar que da acceso al abono social. Es importante abordar la reforma sin dilación para evitar que las dificultades económicas que padecen jubilados y pensionistas les obligue a causar baja en el servicio de telefonía", señala el estudio.
Este trabajo tiene por objetivo mejorar la vigilancia de la Administración sobre el comportamiento y la transparencia de las compañías en la prestación del servicio, el establecimiento de los precios, el servicio de atención al cliente, la publicidad y la contratación.
