Refinería Balboa presentó este pasado lunes en el registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) la solicitud de revocación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable de este proyecto que promueve el Grupo Alfonso Gallardo, "por ser infundada, arbitraria e ilegal".
BADAJOZ, 18 (EUROPA PRESS)
Refinería Balboa presentó este pasado lunes en el registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) la solicitud de revocación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable de este proyecto que promueve el Grupo Alfonso Gallardo, "por ser infundada, arbitraria e ilegal".
Justifica además esta revocación de la DIA "por estar incursa en la anulabilidad prevista en el artículo 63.1 de la Ley 30/1992", que establece que "son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder".
En nota de prensa, Refinería Balboa asegura que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dictada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el pasado 16 de julio "refleja una serie de ilegalidades y desborda ampliamente los límites de la discrecionalidad técnica que configuran la Jurisprudencia y se ha convertido en una actuación arbitraria e irracional".
Así, añade que la resolución de la Administración Pública "no es el resultado de la ponderación técnica y objetiva de diferentes factores y criterios técnicos y de seguridad, funcionales, económicos y de planeamiento urbano o territoriales", sino que se trata, a juicio, de "una vulneración grosera de la legalidad o la simple aplicación de un criterio contrario a los hechos determinantes, ayuno de lógica técnica que incide en la arbitrariedad".
FORMULAR UNA NUEVA DIA "AJUSTADA A LA LEGALIDAD"
Ante esta situación, Refinería Balboa ha considerado que las "notorias y plurales infracciones de derecho" protagonizadas por la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, obligan al Magrama, "por razones de economía procesal y en aplicación de los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la Constitución Española) a dejar sin efecto la DIA desfavorable y a formular una nueva Declaración de Impacto Ambiental ajustada a la legalidad".
Igualmente, Refinería Balboa también ha registrado copia del citado escrito en el Ministerio de Industria, "instando al mismo a que, en caso de que Medio Ambiente no revoque la resolución negativa y basado en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2008, traslade el asunto al Consejo de Ministros".
Además, este mismo martes, Refinería Balboa ha presentado escrito ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura instando a esta Consejería a "suspender la tramitación del procedimiento de concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) hasta que no resuelva el Ministerio de Medio Ambiente".
"PROYECTO CON GARANTÍAS"
Y es que, según señala Refinería Balboa, este proyecto industrial que promueve el Grupo Alfonso Gallardo "es viable técnica y medioambientalmente y cumple con toda la legalidad vigente".
Sería "una planta de refino que aplica las Mejores Tecnologías Disponibles, es de conversión total, es decir, que maximiza la obtención de productos petrolíferos de mayor demanda en el mercado (gasóleo y queroseno)", que según explica en nota de prensa, "que respeta toda la legislación medioambiental y de seguridad existente hoy en día, no supone ningún perjuicio como no lo han supuesto las dos nuevas refinerías recientemente inauguradas en España, la de Cepsa en Huelva y la de Repsol en Cartagena".
"Todo lo contrario, este proyecto supondrá un importante revulsivo para la economía y la creación de empleo en toda su zona de influencia, Extremadura y Andalucía por proximidad geográfica", asegura Refinería Balboa.
Recuerda que este proyecto "supondrá una inversión de más de 2.000 millones de euros y creará un promedio de 3.500 empleos durante los tres años que dure su construcción", y a partir de ahí, "una vez operativa la planta, se generarán otros 3.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos".
Destaca que la planta "facturará en torno a 7.000 millones de euros al año y generará unos impuestos por valor de 2.500 millones de euros con lo que Extremadura aumentará en un 60 por ciento sus ingresos, sólo vía impuestos", y calcula además que los ayuntamientos de la zona "recaudarían en torno a 150 millones sólo en licencias de obras, entre otros muchos beneficios".