La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, duda de que España vaya a ser capaz de cumplir el objetivo de déficit de este año, a la luz de la ejecución de ingresos y de los desequilibrios que ya se han acumulado en este ejercicio, por lo que urge al Gobierno a actuar "definitiva y decididamente" contra los gastos superfluos y las duplicidades entre administraciones públicas.
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, duda de que España vaya a ser capaz de cumplir el objetivo de déficit de este año, a la luz de la ejecución de ingresos y de los desequilibrios que ya se han acumulado en este ejercicio, por lo que urge al Gobierno a actuar "definitiva y decididamente" contra los gastos superfluos y las duplicidades entre administraciones públicas.
En una pregunta escrita al Gobierno, recogida por Europa Press, la líder de la formación magenta señala que aunque la Administración del Estado tiene un objetivo de déficit asignado para 2013 del 3,7% –pendiente de revisión tras el aumento de dos décimas para el conjunto de las administraciones concedido por Bruselas– ya en el primer trimestre del año se ha alcanzado el 2,38%, superior al del mismo periodo del año pasado.
Junto a esto, la recaudación por IRPF ha caído un 5,3% y la de IVA, un 4,7%, lo que supone que "el Estado gastó un 81% más de lo que recaudó". Así, las cifras "parecen apuntar a que los objetivos de déficit del PIB para esto no van a cumplirse", concluye Rosa Díez, que pregunta al Ejecutivo si cree que la política fiscal está siendo "efectiva".
"¿Piensa el Gobierno actuar definitiva y decididamente para reducir el gasto público superfluo, reducir organismos públicos y eliminar duplicidades?", añade la diputada.
DESEQUILIBRIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
En otra pregunta parlamentaria, Díez se interesa también por el estado de las cuentas de la Seguridad Social, particularmente en lo relativo a las deudas que mantienen las empresas que han aprobado expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a trabajadores mayores de 50 años con las arcas públicas.
Y es que hace dos años se decidió que las compañías con beneficios que despidieran o prejubilaran a personas en estas circunstancias a través de un ERE estarían obligadas a pagar sus prestaciones por desempleo y sus cotizaciones a la Seguridad Social. "Sin embargo, a fecha de hoy todavía ninguna de las empresas que se ajusta a las características recogidas en esta norma ha abonado estas cantidades", lamenta.