También que la web de Industria informe de las gasolineras más baratas y avanzar en la armonización europea del reporte de precios
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PSOE con el objetivo de reducir el precio de los combustibles que pagan los españoles, y que incluye propuestas como limitar la apertura de nuevas gasolineras a los grandes profesores, habilitar un espacio en la página web del Ministerio de Industria donde informar de las estaciones de servicio más baratas o avanzar en la armonización europea del reporte de precios.
La iniciativa, que lleva la firma de la responsable de Economía y Empleo del PSOE y ex secretario de Estado, Inmaculada Rodríguez-Piñero, busca "mejorar directamente la renta disponible de las familias al pagar un precio menor del actual por el carburante que consumen y que las grandes empresas que dominan este mercado reduzcan sus márgenes".
El objetivo último es que los ciudadanos puedan pagar "un precio menor, y no como ocurre ahora, que España es uno de los países de la UE donde se pagan mayores precios", situación que el PSOE achaca a las "serias deficiencias competitivas" del mercado de hidrocarburos por la "alta concentración de tres operadores que disfrutan de ventajas sustanciales derivadas de su peso e importancia en el mercado".
LIMITAR LOS OLIGOPOLIOS
Por eso, una de las principales ideas de la proposición, que recoge Europa Press, es que durante diez años los operadores al por mayor que superen el 25% de la cuota de mercado provincial tengan restricciones en el número de instalaciones de servicio que tienen, que no podrán incrementar, así como tampoco renovar los contratos de suministro en exclusiva cuando expiren si con ello superan esa cuota de mercado.
"En todo caso, se habilita al Gobierno con carácter excepcional para garantizar un nivel de cobertura mínimo, especialmente en zonas aisladas", matiza la propuesta, en la que también se piden límites a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva a las situaciones en las que el gestor de la estación de servicio la tiene arrendada a un tercero o tiene derecho de superficie sobre la misma.
De este modo, la duración máxima de un contrato deberá ser de un año prorrogable automáticamente hasta un máximo de tres consecutivos salvo que el distribuidor desista del contrato, y no se permitirán plazos diferentes en el contrato, ni tampoco precios de venta de referencia o recomendados. Los contratos deberán ser enviados al Ministerio, que también deberá ser informado del listado de estaciones con que cuentan los operadores mayoristas en un máximo de tres meses.
Los socialistas también piden modificar la Ley de Carreteras, de 1988, para ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de concesiones de áreas de servicio en carreteras estatales, para lo cual la Comisión Nacional de la Energía (CNE) deberá informar preceptivamente sobre los requisitos y condiciones de los liegos de licitación, teniendo en cuenta el grado de competencia y la estructura del mercado en la zona de influencia de cada vía.
CONTROL DE CLH
El PSOE también sugiere reducir la participación de los principales operadores en el capital de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) del 25% actual a un máximo del 10% del capital o del 6% de los derechos de voto de la entidad, "no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto".
"La suma de participaciones directas o indirectas en CHL de aquellos accionistas con capacidad de refino en España no podrá superar el 30%, frente al 45% actual", añade la iniciativa, que destaca que hoy por hoy Repsol cuenta con el 10% de las participaciones, Cepsa con el 14,15% y BP y Galp con el 5%, respectivamente. Por ello, el incumplimiento de esta previsión debería tener el carácter de muy grave en aras de aplicar sanciones.
La proposición de ley incluye asimismo un "estricto régimen de incompatibilidades para los operadores mayoristas, que no podrán formar parte del Consejo de Administración de CLH" para evitar que puedan estar vinculados directa o indirectamente con las empresas de refino o comercialización de hidrocarburos líquidos.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Por otra parte, el PSOE propone medidas para asegurar un mejor funcionamiento de la red de transporte, incluyendo en su texto que el acceso de terceros a la red de CLH "se concederá en estricto orden de solicitud" en función de un registro y que las tarifas por uso y su metodología "estarán sujetas a autorización por el regulador" con una metodología "objetiva, transparente y no discriminatoria".
Asimismo, se reducen las obligaciones sobre existencias mínimas de seguridad a los nuevos entrantes con ventas inferiores a 1.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) "con el objetivo de incentivar la entrada de nuevos operadores más pequeños".
También se propone modificar el decreto ley de Medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios del año 2000 para autorizar a tener una estación de servicio a todos los "establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de ITV o polígonos industriales".
Finalmente, el PSOE recoge en su iniciativa la necesidad de "avanzar en la armonización metodológica a nivel europeo en el reporte de los precios al consumidor" y pide que se mejore la transparencia con la publicación en la web del Ministerio de Industria de las estaciones de servicio más baratas en los entornos locales, así como los servicios en su entorno (supermercado, centro de lavado, taller, etc.).
YA SE HAN TOMADO MEDIDAS
No obstante, el Gobierno ya ha adoptado algunas medidas con el mismo objetivo de aumentar la competencia en el sector y reducir así el precio de la gasolina y el gasóil. En concreto, el decreto ley de Emprendedores –que actualmente se está tramitando como proyecto de ley– refuerza la supervisión y transparencia de acceso a las instalaciones logísticas, y busca eliminar cualquier condición discriminatoria de acceso.
En el segmento minorista se eliminan barreras administrativas y se simplifican los trámites de apertura de nuevas estaciones de servicios, particularmente en centros comerciales y zonas industriales, y también se actúa sobre los contratos de suministro al por menor en exclusiva, reduciendo restricciones al cambio de suministrador tales como la duración de los contratos en exclusiva a un año prorrogable hasta tres, se obliga a publicar los contratos y fecha de vencimiento. Por último, se prohíben las recomendaciones de precio de venta al público.
