El sector público estatal español solo invirtió en 2018 uno de cada dos euros del presupuesto disponible para I+D+I.
La Fundación COTEC se ha hecho eco de estos datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE). España disponía el año pasado de 7.003 millones de euros de presupuesto público para el conjunto de la Política 46 (I+D+I), de los cuales se invirtieron de forma efectiva 3.278, el 46,8%.
Esta tasa de ejecución presupuestaria es la segunda menor desde que se empezó a registrar el dato, en 2000. El peor registro corresponde a 2017 (46,6%). Las dos décimas de subida del año pasado suponen de hecho la primera mejoría desde 2013. En términos efectivos, el incremento en la inversión fue de 238 millones de euros.
El sector público estatal engloba a la Administración General del Estado (AGE), los Organismos Autónomos, las agencias estatales y otros organismos con presupuesto de gastos limitativos.
I+D+i: mejora la ejecución del gasto financiero
El decreciente grado de ejecución de la política de I+D+I en España se ha producido de manera paralela a la progresiva inclinación del Presupuesto en los últimos años hacia el gasto financiero (capítulo 8) en detrimento del gasto no financiero (capítulos 1 a 7), que aglutinan transferencias corrientes, inversiones reales, gastos de personal, gastos de capital, gastos corrientes y subvenciones.
En 2018, el 90,5% del presupuesto para I+D+I no ejecutado se concentró de nuevo en el capítulo 8, si bien la tasa de ejecución presupuestaria en este apartado experimentó la primera mejoría en 12 años.
El gasto financiero concentró cerca del 60% del total del presupuesto para I+D+I, 10 puntos porcentuales más que en 2008. Por contra, su tasa de ejecución fue del 19,7%, muy por debajo del 80% de ese mismo año.
La tasa de ejecución del gasto no financiero (capítulos 1 a 7) se redujo, por su parte, de 88,6% a 87,4%. Este leve retroceso no se tradujo en una reducción de lo efectivamente ejecutado, gracias a que la asignación presupuestaria fue mayor; de hecho, se ejecutaron 129 millones de euros más que en 2017.
La Agencia Estatal de Investigación, el ente que gestiona las principales convocatorias de proyectos consignadas en el Plan Nacional de I+D+I, mantiene en su segundo año de presupuesto propio una tasa de ejecución del 82%.
Uno de cada cinco euros no acaba llegando a los investigadores
La I+D+I es, con una diferencia significativa, una de las partidas que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre todas las políticas del sector público estatal, solo por detrás de Comercio, Turismo y Pymes (43,4%). De hecho, son las dos únicas políticas cuya ejecución quedó por debajo del 75% en 2018.
En el otro extremo de la tabla, con tasas por encima del 90% de su presupuesto ejecutado, aparecen las políticas de Pensiones, Defensa, Justicia y Seguridad ciudadana.
Si se desagregan las cifras entre AGE y Organismos y agencias estatales, observamos una enorme disparidad tanto en las tasas de ejecución como en la distribución de los capítulos de gasto.
Mientras que la tasa de ejecución de los organismos ha mantenido una tendencia constante desde 2000 en torno al 90%, la ratio relativa a la AGE se ha desplomado de manera progresiva, hasta alcanzar su mínimo histórico en 2017, cuando se situó en el 29,7%.
COTEC habla de un decenio perdido
En la primera década de siglo la tasa de ejecución en políticas de I+D+I rondaba el 90%. Desde 2009, cuando se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada (8.476 millones de euros, un 81,6 % de lo presupuestado ese año), se han venido desplomando tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva, acumulando caídas del 33% y de 35 puntos porcentuales, respectivamente.