MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Las negociaciones entre los grupos políticos sobre los cambios en jubilaciones parciales y anticipadas que quiere introducir el Gobierno empezarán la próxima semana, si bien los 'populares' se encontrarán con el rechazo generalizado de la oposición en el Congreso a modificar la Ley 27/2011 sobre Actualización, Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social, que no lleva en vigor ni dos semanas.
Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el primer encuentro para analizar los posibles puntos de encuentro en materia de prejubilaciones y jubilaciones parciales se celebrará el próximo miércoles, 16 de enero.
En esa cita, el Ministerio de Empleo deberá explicar a los grupos políticos su propuesta de modificación, con la vista puesta en conseguir acercar la edad legal y la edad real de jubilación así como generalizar el principio de compatibilización del trabajo con el cobro de parte de la pensión para alargar la vida laboral de los españoles.
INFORME SOBRE PENSIONES
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya presentó el pasado 8 de noviembre un informe en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso en el que se proponía retrasar la jubilación anticipada a los 63 años, en paralelo a la entrada en vigor de la nueva edad de jubilación a los 67 años que debería culminar en el año 2027. Además, Empleo también trabaja en la línea de aumentar los coeficientes reductores y ampliar los periodos obligatorios de cotización, entre otras modificaciones.
Tras analizar estas propuestas, los grupos parlamentarios podrían presentar sus propias recomendaciones al Pacto de Toledo y, en su caso, votar las conclusiones que se alcancen. En paralelo, el Ejecutivo debería negociar también con las centrales sindicales, como es habitual cuando se plantean cambios en materias sensibles como las pensiones.
Sin embargo, los líderes de los dos principales sindicatos, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) ya han expresado públicamente su rechazo a cualquier modificación de la ley 27/2011, que entró en vigor del 1 de septiembre, y reclaman que se deje funcionar esta normativa antes de acometer nuevas reformas.
DIFÍCIL PACTO POLÍTICO
En el mismo sentido se han expresado durante las últimas semanas los portavoces en materia de Seguridad Social de las diferentes formaciones con presencia en el Pacto de Toledo. Los socialistas rechazan cualquier modificación de la Ley 27/2011 aprobada en el último año de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, porque temen que el PP tenga intención de "empeorar" el sistema.
De hecho, su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha hecho pública su oposición a cualquier modificación en el sistema de pensiones que pueda estar planeando el Gobierno si no va respaldada por un acuerdo con los agentes sociales equivalente al que logró concitar la normativa actual, y reclaman también que se permita a esta ley funcionar para que el Pacto de Toledo pueda evaluar sus resultados y proponer mejoras.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) acusan al Gobierno de atacar las pensiones por mandato de la troika y para 'empujar' a más ciudadanos a contratar planes privados. Además, alertan de los efectos que retrasar la jubilación puede tener en una coyuntura de alto desempleo como la actual, y critican la "hipocresía" del PP por reformar una normativa contra la que votó en su momento.
Tampoco UPyD comparte la necesidad de modificar la ley sin darle tiempo a que muestre sus efectos, y rechaza que los criterios económicos sean los únicos que justifiquen una reforma de la magnitud de ésta.
TRES MESES PARA NEGOCIAR
El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha reiterado esta misma semana su rechazo a una modificación de la Ley 27/2011 en un artículo de opinión publicado en 'Sesiondecontrol.com' que recoge Europa Press y en el que recuerda que incluso la OCDE alabó los efectos positivos que esa normativa tendría en la sostenibilidad del sistema.
"Hoy no tiene sentido volver a tocar la nueva regulación prevista para la jubilación anticipada y la jubilación parcial, endureciendo los requisitos rigurosos que ya existen en este ámbito. Y menos penalizando todavía más a los trabajadores de más edad en un mercado de trabajo que es incapaz de ofrecer empleo a un parado mayor de 50 años y con la práctica liquidación de las políticas orientadas al reciclaje profesional y la recolocación de los desempleados", argumenta el diputado, instando al Gobierno a buscar el consenso antes de tomar ninguna decisión.
Desde el Ministerio de Empleo se dan tres meses para reformar la regulación prevista sobre prejubilaciones y jubilaciones parciales en la ley 27/2011 aunque tampoco se descarta legislar por decreto antes incluso de que acabe enero. En cualquier momento, se insiste en que la negociación se abordará con una actitud "abierta".
El pasado 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el desarrollo reglamentario de la ley 27/2011 en los aspectos referidos al cálculo de la pensión para los trabajadores de más de 55 años que se hayan quedado en paro y a los periodos de cotización que se tendrán en cuenta cuando se interrumpa la vida laboral por el cuidado de los hijos.
Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en rueda de prensa que no tiene intención de aumentar la edad de jubilación, aunque expresó su compromiso con un acercamiento de la edad real y la legal. Para ello, anunció que promoverá "un debate abierto" sobre el sistema de pensiones. "Lo que más nos importa y lo que consideramos más urgente es que haya una edad de jubilación que se cumpla", reiteró.
