Las principales organizaciones empresariales y sindicales, las asociaciones de autónomos más representativas del país, los representantes de las mutuas de accidentes e incluso el presidente del Tribunal de Cuentas comparecerán el próximo martes ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para opinar sobre el proyecto de ley de Mutuas.
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Así lo ha decidido esta semana la Mesa y Portavoces de la comisión parlamentaria, que ha convocado las comparecencias a lo largo de todo el día, coincidiendo por tanto con la tradicional rueda de prensa de presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En concreto, la intención es que a las 11.00 horas intervengan conjuntamente el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna; seguidos una hora después por el director Gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz.
Antes de comer, los diputados aún escucharán el punto de vista del director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Jordi García Viña, y de la directora Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Teresa Díaz de Terán.
NO HABRÁ EXPERTOS
A las 16.00 horas, por su parte, se ha citado al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, a quien seguirán finalmente el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CC.OO.), Pedro Jesús Linares, y la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, María Luisa Rufino.
Según explicaron fuentes parlamentarias socialistas a Europa Press, su deseo era que también se hubiera podido convocar a algunos expertos en materia de mutuas de accidentes, pero el Grupo Popular se opuso a esta posibilidad. No obstante, el pasado 30 de julio ya compareció ante la misma comisión el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, para explicar este texto normativo.
Los grupos parlamentarios aprovecharán los puntos de vista y opiniones de los diferentes comparecientes para enriquecer sus enmiendas al texto. De momento, el plazo para presentar vetos a la totalidad del proyecto de ley está fijado para el martes 30 de septiembre, aunque es previsible que dicho límite se amplíe.
PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social fue aprobado por el Consejo de Ministros a mediados del pasado mes de julio.
El principal cambio que aporta esta norma es la modificación de la gestión de las incapacidades temporales (IT), en la que las mutuas tendrán un papel más activo ya que podrán seguir las prestaciones desde el primer día y formular propuestas de altas, aunque la autorización última recaerá siempre en el profesional del servicio público de salud.
De hecho, junto con el proyecto de ley el Gobierno también ha aprobado un real decreto que incluye unas tablas con las duraciones medias de las incapacidades temporales en función la patología, la edad del trabajador y su ocupación, y que también revisa cuándo deberán renovarse los partes médicos de baja según la duración prevista de cada proceso.
El objetivo de estas medidas es limitar el número de bajas de más de dos semanas y su duración, y "reducir el absentismo laboral" en los procesos de menos de 16 días a través de una "mejora de la prestación de servicios sanitarios con un seguimiento del proceso, lo que conllevará un mayor gasto que "se verá compensado por una menor pérdida de días de trabajo".
Además, el proyecto de ley de Mutuas simplifica los trámites y rebaja los requisitos para que los autónomos puedan acceder a la prestación por cese de actividad, eleva los tipos progresivamente en los próximos años para garantizar la cobertura de la prestación y se permite a las comunidades autónomas firmar convenios o conciertos con las mutuas para usar, a precio de coste, sus recursos materiales o servicios de diagnóstico.