MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Industria del Congreso dará luz verde este jueves a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que busca duplicar la actual capacidad de banda ancha, lo que "debería traducirse en un incremento del 0,3 por ciento del PIB" conforme a las estimaciones de la Comisión Europea (CE).
El órgano parlamentario tiene previsto reunirse nada más concluir el Pleno de la Cámara para ratificar la ponencia de la norma y debatir las enmiendas que sigan vivas. Al tener competencia legislativa plena, tras este trámite el texto será enviado al Senado para proseguir con su negociación.
El texto, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de septiembre, tiene como objetivo fundamental facilitar el despliegue de redes de nueva generación tanto en telefonía móvil como fija y el fomento de las inversiones hasta alcanzar unos 25.000 millones en los próximos años. Además, la regulación persigue alcanzar la unidad de mercado y reducir las cargas administrativas que soportan los operadores.
Pese a las reticencias iniciales de la oposición hacia este texto –contra el que presentaron enmienda de totalidad el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC–, fuentes 'populares' y socialistas han confirmado a Europa Press que durante la negociación se han conseguido "algunos avances" a través de enmiendas transaccionales que terminarán de pactarse de cara a la aprobación de la ley este jueves.
NOVEDADES DE LA LEY
Así, entre las novedades del proyecto de ley figura una simplificación en el despliegue de nuevas redes, se favorece el uso compartido de infraestructuras entre compañías, se eliminan las trabas a la concesión de licencias y se reduce la "dispersión normativa" entre las comunidades autónomas.
Se suprimen además las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes en dominio privado, que serán sustituidas por declaraciones responsables. También se facilitará el despliegue de redes fijas en edificios eximiendo la instalación de antenas de telefonía móvil de cualquier tipo de autorización, y se garantizará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a redes ultrarrápidas.
También se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.
Además, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
La nueva norma modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico con la inclusión de precisiones sobre las 'cookies'; y la Ley de firma electrónica para que los certificados utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de cinco años, y no de dos.
El ministro de Industria, José Manuel Soria aseguró durante el debate parlamentario de totalidad del proyecto que esta ley permitirá "ahorrar costes, mejorar la calidad del servicio, y reforzar la competitividad de la economía y los derechos de los ciudadanos".
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS
Sin embargo, el discurso del ministro no consiguió aplacar las críticas de la oposición, que cree que este proyecto es "anticuada y desfasada" y que no plantea un modelo de futuro para el sector de las telecomunicaciones y el mercado digital. Asimismo, grupos como PSOE, IU-ICV-CHA o CiU critican la recentralización competencial y advierten contra la desprotección de los consumidores por las menores exigencias medioambientales y de salud.
Además, las formaciones de izquierdas avisaron de que desregular para favorecer al sector privado y favorecer una inhibición total del sector público en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones podría acabar creando una "España a dos velocidades" y una mayor brecha digital.
Por eso, el Grupo Socialista presentó más de 120 enmiendas reclamando algunas modificaciones del proyecto de ley como conseguir que el servicio universal sea de 10MB por segundo en los hogares y de 30MB en las escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud y universidades en el año 2015; garantizar los 'ciberderechos' reconociendo el derecho al olvido o al secreto en las comunicaciones en transferencias de datos a través de la red; o adoptar medidas contra el acoso comercial, entre otras cosas.
Por su parte, las 26 enmiendas presentadas por el Grupo Popular –y que no fueron incluidas en la ponencia de la ley para tratar de consensuar las modificaciones con el resto de formaciones– abogan por vincular las infracciones graves o muy graves a los beneficios de la operadora de telecomunicaciones afectada, con un límite de 20 millones de euros o, si la multa la impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta cinco veces el beneficio bruto obtenido por la acción u omisión en que consista la infracción.
Los 'populares' también plantean incluir nuevos supuestos de infracción –no satisfacer obligaciones de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios o incumplir gravemente las características y condiciones para la conservación de los números, entre otras–, así como clarificar el derecho de los usuarios a oponerse a las llamadas no deseadas con fines comerciales.
