La Audiencia Nacional arranca este jueves la primera sesión de la vista oral por el 'caso Sintel', una década después de la quiebra de la entonces filial de Telefónica que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo y un déficit patrimonial de casi 60 millones de euros.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional arranca este jueves la primera sesión de la vista oral por el 'caso Sintel', una década después de la quiebra de la entonces filial de Telefónica que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo y un déficit patrimonial de casi 60 millones de euros.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sienta en el 'banquillo' a ocho antiguos directivos de la empresa por presuntos delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública, a los que reclama 296,5 millones de euros por el presunto vaciamiento patrimonial de Sintel.
El tribunal resolverá entre mañana y pasado las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal, las dos acusaciones particulares de los trabajadores de Sintel, así como los abogados de Telefónica y los administradores concursales de la compañía, que reclaman distintas cantidades por responsabilidad civil.
Después de este trámite, la Audiencia Nacional fijará las fechas para la continuación de la vista oral, que previsiblemente se señalará para el próximo otoño, y proseguirá con la declaración de los acusados. La Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Sintel han convocado concentraciones a las puertas de las instalaciones de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra el juicio.
La Fiscalía Anticorrupción pide para seis de los ocho acusados penas de cinco años y seis meses de prisión como responsables del vaciamiento patrimonial de la empresa y su posterior quiebra. El cierre de Sintel, el 4 de mayo de 2001, llevó a sus trabajadores a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana.
Los acusados son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa ya fallecido, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, el expresidente y exconsejero delegado de la sociedad creada para gestionar la compra de Sintel a Telefónica en 1996, Mastec Internacional.
También se sientan en el banquillo el exvicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el exdirector financiero y apoderado de Sintel Pedro José Novela Berlín. Para estos dos últimos, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión por cooperadores necesarios de la insolvencia punible.
POSIBLE AUSENCIA DE CUATRO ACUSADOS.
Se da la circunstancia de que tanto los hermanos Mas Canosa como José Miguel Sariego y Joel Tomas Citron residen en Estados Unidos, por lo que no se tiene la seguridad de que mañana se sienten en el banquillo.
Según explicaron fuentes jurídicas a Europa Prees, "la dificultad que comporta la notificación de la celebración de la vista mediante comisión rogatoria a Estados Unidos prevé la ausencia de los acusados por falta de notificación". En este sentido, añadieron que la Audiencia Nacional no ha recibido contestación por parte de las autoridades judiciales norteamericanas de haber hecho efectiva dicha notificación.
El fiscal también pide que todos los procesados sean declarados responsables civiles subsidiarias de la quiebra de Sintel junto con las empresas MasTec Inc, Sintel International Corp -actualmente Nduc Corp- y Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero de Sintel-.
ANTECEDENTES.
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron "operaciones de descapitalización progresiva" con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades "desgajadas de la matriz" y domiciliadas en paraísos fiscales "sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna", según el fiscal.
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel dejando a 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que se llamó 'el Campamento de la Esperanza'.
