La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha rechazado dos nuevas solicitudes de Orange y Telefónica contra la tasa que están obligadas a pagar las empresas de telecomunicaciones para financiar RTVE. Asimismo, el órgano ha desestimado una solicitud de Canal+ para aplazar uno de los pagos de esa misma tasa correspondiente al mes de abril.
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha rechazado dos nuevas solicitudes de Orange y Telefónica contra la tasa que están obligadas a pagar las empresas de telecomunicaciones para financiar RTVE. Asimismo, el órgano ha desestimado una solicitud de Canal+ para aplazar uno de los pagos de esa misma tasa correspondiente al mes de abril.
Las empresas de telecomunicaciones llevan recurriendo la tasa para financiar RTVE desde que se aprobó la Ley de Financiación de RTVE, que eliminó la publicidad en la cadena pública en 2009, aunque de momento la CMT no ha variado su criterio, y supedita cualquier cambio de actitud a lo que ocurra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el cual han recurrido las operadoras de telecomunicaciones.
Así, ante las afirmaciones de Telefónica y Orange sobre la "inconstitucionalidad" de la tasa, así como que la norma vulnera "varios preceptos del Derecho Comunitario", la CMT responde en sendas resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, que "en tanto los supuestos vicios de inconstitucionalidad aducidos" no sean constatados por el "órgano competente", tratándose de normas vigentes, deben ser "observadas y cumplidas".
Concretamente, en su solicitud, Orange pedía a la CMT la rectificación y devolución de varios pagos a cuenta realizados a RTVE durante 2011 y los primeros meses de 2012 por un valor conjunto de 6,7 millones de euros. Para Orange, es "harto discutible que la supresión del régimen de publicidad retribuida por RTVE implique la obtención de riqueza alguna gravable para los operadores de telecomunicaciones en general y para Orange en particular".
Mientras, en una solicitud similar, Telefónica pedía la rectificación y devolución de pagos ingresados a RTVE correspondientes a 2011 y al primer trimestre de 2012 por un importe que la CMT mantiene confidencial. Ambas solicitudes han sido desestimadas por la comisión, que considera que es "indudable" que no puede, como pretenden Telefónica y Orange, "dejar de aplicar determinados preceptos de una Ley o de un reglamento por ser presuntamente inconstitucionales so pretexto de que los mismos perjudican sus intereses legítimos".
RECHAZA UNA PETICIÓN DE CANAL+
Por otro lado, la CMT ha desestimado la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, empresa de Prisa que gestiona Canal+, para aplazar el pago de la tasa de RTVE correspondiente a los tres primeros meses de 2012 por importe de 2,7 millones de euros. Canal+ había fundamentado su solicitud de aplazamiento en una "situación puntual, económico-financiera, que le impide de forma transitoria efectuar en los plazos establecidos el pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita".
Sin embargo, la CMT considera en su resolución que los documentos aportados por Canal+ "no evidencian que su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuar el ingreso del pago a cuenta de abril en el plazo establecido", por lo que desestima su solicitud.
Mientras, el Consejo de la CMT, reunido el 27 de septiembre, ha aceptado a trámite un recurso de Jazztel contra los pagos complementarios a lo que ya había abonado en 2009 y 2010 que la comisión pidió a la 'teleco' por valor conjunto de 117.795 euros, y ha suspendido dicho pago temporalmente mientras estudia el recurso de la compañía, al haber presentado Jazztel avales bancarios por esa cantidad.
La ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece que RTVE se financiará mediante un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico y mediante tasas a los canales privados en abierto (el 3 por ciento de sus ingresos brutos), de pago (el 1,5 por ciento de sus ingresos brutos) y a empresas de telecomunicación (el 0,9 por ciento de sus ingresos).
Actualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está estudiando si la tasa española respeta la normativa europea, a propuesta de la Comisión Europea, que llevó el caso español ante el tribunal europeo en marzo de 2011.