En un mundo cada vez más competitivo y global, las organizaciones son más conscientes de su papel activo como generadoras de riqueza, empleo y desarrollo de productos y servicios de calidad, así como de la importancia de generar otros beneficios para los grupos de interés de las comunidades y entornos en los que operan.
Hacer frente a este nuevo contexto requiere modelos de gestión de empresa responsable y una concepción corporativa más amplia.
Ser responsable no consiste únicamente en participar mediante acciones filantrópicas. Tampoco significa dejar de lado el crecimiento económico de la organización.
Empresa responsable y sostenibilidad
Ser responsable es gestionar una empresa integrando la sostenibilidad en sus tres vertientes: el valor económico, el valor social y la gestión responsable de los recursos ambientales.
Como muestran muchos estudios, la comunicación transparente hacia los grupos de interés, hasta este año, no era habitual. En este sentido, eran pocas las empresas que seguían las mejores prácticas y rendían cuentas de sus aspectos de gobierno, sociales y medioambientales de forma periódica a través de un Informe Integrado o una Memoria de Sostenibilidad.
Para lograr cambiar esta tendencia, en los últimos años se ha visto un creciente número de regulaciones relativas al reporte de información no financiera, siguiendo los mismos estándares de información financiera.
Primero se modificaron las soft law, como: (1) la Guía que modifica los contenidos del Informe de Gestión, incluyendo la necesidad de informar sobre otros aspectos no financieros relevantes y (2) el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, en el cual se establecen recomendaciones ligadas al contenido y la responsabilidad de la Política de Responsabilidad Corporativa y al reporte de información no financiera.
Sin embargo, el cambio significativo vino con la publicación de la Directiva 2014/95/UE, que obliga a las grandes compañías a mejorar su comunicación pública de Información no financiera.
Dicha directiva requiere que se presente con carácter anual información relacionada con aspectos ambientales, sociales, laborales, relacionado con los derechos humanos, lucha contra la corrupción y sobornos.
Dicha directiva se traspuso en España en 2017 a través del Real Decreto-Ley 18/2017, en materia de información no financiera y diversidad, siendo de obligado cumplimiento para todas aquellas entidades de interés público de más de 500 empleados.
Estos requerimientos han visto incrementada su exigencia el pasado 23 de octubre con el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).
Dicho Proyecto de Ley, que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados, es de aplicación para todas las empresas que formulen cuentas consolidadas, que tengan un número medio de trabajadores superior a 500 empleados y que, además, tengan la consideración de entidades de interés público o gran empresa.
Sostenibilidad para todos
Cabe destacar que, tras 3 años de transición, dicha ley aplicará también a las empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan los requisitos anteriormente expuestos, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas.
Como gran novedad del Proyecto de Ley, se podría destacar el mayor detalle que precisa la información a reportar, siguiendo un estándar internacionalmente reconocido, como por ejemplo el Global Reporting Initiative (GRI) y la obligatoriedad de la verificación de la información no financiera por un tercero.
Estos nuevos requerimientos conllevan cambios significativos en los modelos de información corporativa de las organizaciones, e implican la adaptación de sus herramientas de reporting financiero a nuevos y, no tan habituales, indicadores de información no financiera.
En ese sentido, el Proyecto de Ley concreta los principales contenidos que las organizaciones deben reportar en cuestiones relacionadas con el medioambiente, relativas al personal y vinculados a derechos humanos, lucha contra el soborno y aspectos sociales.
Para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos, las organizaciones deberán identificar los indicadores de información no financiera que son aplicables para su modelo de negocio, así como establecer mecanismos para obtener y reportar los datos relativos a estos indicadores de forma íntegra y trazable, para asegurar una adecuada verificación posterior.
En ese sentido, se puede indicar como principales impactos del Proyecto de Ley de información no financiera y de diversidad la necesidad de implantar mecanismos de obtención y comunicación de indicadores no financieros que cumplan con adecuados sistemas de control, para que permitan incrementar el nivel de transparencia sobre los modelos de gestión de las empresas responsables.
A través de este Proyecto de Ley, se da respuesta a la responsabilidad que deben asumir las empresas y se contribuye a impulsar un valor fundamental para la sostenibilidad de las mismas, como es la transparencia y el diálogo con los grupos de interés.
Por Xavier Angrill – Responsable de Gobierno Corporativo y responsable del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte España